En la jornada vuelve a declarar, en la comision de Diputados, el ex administrador de la Corte Héctor Marchi por las presuntas irregulidades en la obra social de losjudices.
Luego de la crítica de Horacio Rosatti contre «el poder de turno», el kirchnerismo buscará en la Cámara de Diputados sacar provecho de la interna de la Corte Suprema de Justicia para avanzar en comisión con el proceso de enjuiciamiento que lleva adelante contra los miembros del tribunal máximo y que en esta etapa está orientada a la causal vinculada con presuntos desmanejos en la obra social del Poder Judicial.
Por la audiencia convocada este martes a las 13, la comisión de Juicio Política, presidida por Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos), convocó para una ampliación de su declaración testimonial al exadministrador de la Corte Héctor Marchi, que estuvo a cargo de la obra social y realizada una auditoría en las organizaciones.
Esto se da luego de que el presidente de la Corte cargara contra el Gobierno. «Nosotros en los últimos años hemos tomado decisiones que no han agradado al poder de turno, a éste, al anterior y al que venga. No venimos a la función pública para hacer nuevas amistades. permita pensar a futuro. Sino es imposible pensar a futuro «, Dijo Rosatti.
La presencia de Marchi, quien recientemente fue déplazado de la Corte y puso al descubierto la interna dentro del tribunal, había generado algunos encontronazos entre el oficialismo y la oposición luego de que el ex funcionario estuviera en la comisión el pasado 25 de abril.
En su primera presentación, el ex administrador realizó algunas revelaciones sobrias las presuntas irregularidades en la administración de la obra social apuntando contra el juez Juan Carlos Maqueda, a quien dijo como responsable de la supervisión de la obra social. Aunque también cargo contra Rosatti y su vocero Silvio Robles por supuestas «amenazas y apretones» que recibió tanto él como parte del equipo que hizo la auditoría.
Marchi había sido citado nuevamente para continuar su exposición el pasado miércoles, pero como ese mismo día fue convocado a prestar declaración ante el juez federal Ariel Lijo en la causa por el manejo de los fondos de la obra social del Poder Judicial, su presencia ante la la comisión fue reprogramada.
También fue citado para este martes Santiago Clérici, letrado secretado de la Corte Suprema, quien según anticiparon desde el oficialismo volverá ausentarse. Esta es la segunda vez que el funcionario no se presenta ante la comisión.
Otro de los convocados es Nicolás Serafini, contador público encargado de firmar los balances de la obra social, que al igual que Clérici había sido citado en reuniones anteriores y, como no concurrió fue invitados nuevamente.
En la apertura de la audiencia declaró a la jueza federal de San Martín Martina Forns, cuyo esposo falleció en plena pandemia del coronavirus, «abandonado por la obra social» del Poder Judicial, según denunciado en su momento.
«Las peores circunstancias de la vida fue cuando necessité de la obra social y me dejó abandonada pendante la pandemia», dijo Forns en su declaración ante la comisión de Diputados. Conteniendo el llanto, la jueza federal relató lo ocurrido en abril del año pasado cuando su familia contrajo coronavirus y las circunstancias en las que tuvo su marido, quien estuvo internado dos meses pendiente de la pandemia.
Además, en esta decimotercera reunión de la comisión de Juicio Político se conocerán también las novedades en relación al pedido realizado a la Justicia Federal par que el ex administrador de la obra social Aldo Tonón sea citado a declarar por la fuerza pública ante sus inasistencias reiteradas injustificadas.
Tonón negó en dos oportunidades a sentarse ante la Comisión, con el argumento de que sus declaraciones podrían entorpecer la causa judicial en curso.
En la misma condición está el abogado Marcelo Mazzeo, quien ante las repetidas inasistencias el oficialismo lesionó a la justicia para que se convocado por la fuerza pública.
Tras la investigación por las irregularidades en la obra social de losjudices, la comisión iniciará el análisis del fallo que benefició a la ciudad de Buenos Aires por los fundos coparticipables adicionales, aprobado pendiente el gobierno de Mauricio Macri en 2016.
