En diciembre, Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión con incapacitación permanente para ejercer cargos públicos. Por unanimidad, así lo determinó el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2). Pero los votos expresaron una disidencia a la hora de evaluar la acusación del fiscal Diego Luciani según la cual la vicepresidenta se comportó como jefa de una asociación ilícita que se dedica a defraudar al Estado. Dos de los jueces escuchan eso no habia elementos para dicha acusacionsin embargo el fiscal apela e insiste en el que se otorga a la Cámara Federal de Casación Penal dicho delito también.
The imputación que envió un juicio a los trece acusados y finalmente condenó a nueve de ellos sostenía que desde el Gobierno kirchnerista y diversos «organismos estatales vinculados a la obra pública, se «montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la cesión discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, donde la contratación del Estado representa “a favor de Lázaro Báez” por más de 46.000 millones de pesos”.
Los tax del juicio, Diego Luciani y Sergio Mola, deglosaron en este punto los elementos que deben cumplirse para validar una asociación ilícita. “Esta estructura contó con Hábito, permanencia y organización.”, resaltaron el acuerdo entre dos, tres o más personas como establece el Código Penal, y subrayaron el «Consenso de voluntades de los imputados para la sustracción de fondos públicos millonarios».
Los jueces Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu consideran que ningún elemento es suficiente para responder a Cristina Kirchner del delito de asociación ilícita en carácter de jefa. Con un criterio disímil se pronunció el juez Andrés Basso.
Ambos consideraron que «la premisa acusatoria respecto a esta figura penal parte de una hipótesis equivocada». Además, entendemos que hay dos elementos que deben cumplirse para que se considere la existencia de una asociación ilícita, que «a nuestro modo de ver, no han logrado verificarse a través de la plataforma probatoria construida a lo largo del juicio oral».
Para referirse a la pluralidad de planes criminales indeterminados es el número de personas que han integrado la organización.
Si desde su punto de vista, este tipo penal requiere un dolo específico (voluntad de cometer delito) que consiste en saber que se integra una asociación y adecuados son sus objetivos. También el Código Penal requiere que a la asociación al menos la integren tres miembros -aunque no se conozcan entre sí- y que su finalidad sea la de cometer delitos indeterminados. Así se corrobora la voluntad de integrar la ilícita asociación y la de permanente en ella.
Los jueces Gorini y Rodríguez Uriburu coinciden con la acusación de Luciani respecto al conjunto de personas responsables de la maniobra defraudatoria. «Se verifican sin mucho esfuerzo su permanencia prolongada en el tiempo y su aceitado nivel de organización (jerárquica y logística), como así también -a priori- la demandencia relativa al número de integrantes”, indicaron.
Pero ambos considerando que no se cumple en la acusación fiscal la pluralidad de delitos que exige la ilícita asociación.
Sobre este aspecto el Ministerio Público Fiscal había sostenido que la pluralidad delictiva de la organización se daba, para empezar, en su intervención en la defraudación en perjuicio de los fondos de l’Estado a través de las 51 rutas otorgadas al Grupo Báez. En segundo término, con motivo del reciclaje de parte de esos fondos a favor de la familia Kirchner por intermedio de una infinidad de contratos comerciales que vincularon a los ex presidentes -y sus hijos- con el contratista de obra pública (acciones que, en gran parte, son objeto de investigación en otro proceso penal conexo).
En respuesta a ese entramado, Gorini y Giménez Uriburu señalaron que no es correcto «proyectar esa pluralidad delictiva en cada una de las obras viales licitadas y adjudicadas a Lázaro Báez», sino que la adjudicación sistemática e irregular de todos esos contratos no son múltiples hechos sino uno mismo. No pueden estimarse como 51 hechos defraudatorios aislados «sino que siempre impulsó la acción de la configuración de una maniobra única, es decir, desde la existencia de una voluntad delictiva única».
Al respecto, y alejándose de la idea de que los 51 procesos licitatorios son hechos individuales para calificarlos como pluralidad de litos, los magistrados sostuvieron que à la hora de acusar a la vice ya los demás imputados como parte de una estructura defraudatoria, se corrobora la existencia «de una maniobra que exhibe una homogeneidad en el modo operatorio de entre diversas acciones y omisiones de personas entre sí vinculadas, personal o institucionalmente, en ejecución de un plan preconcebido”.
En lo que concierne a la pluralidad de litos a través de las maniobras investigadas en los casos Hotesur y Los Sauces, el voto mayoritario indica que no basta «con la sola alusión a otros expedientes judicialessino que para tener por configurada la tipicidad objetiva de asociación ilícita require probar que la organization en cuestión tuvo en miras, desde su origen, la comisión de otros delitos no especificados”.
Sin evaluación en este aspecto, los delitos investigados en esos dos expedientes que están bajo análisis de la Cámara Federal de Casación. Señalan que en caso de corroborar aquellas maniobras de blanqueo, todo constituiría “un solo proyecto criminal compuesto por conductas típicas independientes y establecidas de antemano. Nada más alejado de una pluralidad de lictivos indeterminados”, como exige la ilícita asociación.
Pero además, hacen otra distinción. Si consideramos las personas acusadas en Hotesur y Los Sauces con el caso Vialidad, las únicas personas que coinciden son Cristina Kirchner y Lázaro Báez«resulta discordante sosteniendo -por un lado- que una asociación de tres o más individuos planeó una pluralidad de delitos indeterminados, para luego, al determinar concretamente características fueron esos delitos ideados y consumados comprobar que los imputados en uno y otro conforman different groups en cuanto a su composición”.
Así fue que discutiremos eso las organizaciones serán diferentes respetando la constitucióny que además “el número de integrantes que convergen de ambas no alcanza el mínimo de tres que demande” el Código Penal para atribuir el delito de asociación ilícita.
Como último aspecto, los jueces explicaron que no se modificaron acreditar, como requiere un delito tal como la asociación ilícita, que sus integrantes se han asociado “por y para delinquir como único y excluyente propósito”. Sino que en este caso, se trata de funcionarios que integraron el estado nacional como provincial entre 2003 y 2015 «con el objetivo central de llevar a cabo una prolongada y legítima actividad gubernamental (lo que no exclusye que en la ejecución de sus políticas no se hayan podido infringir leyes penales)».
Disentimiento
el juego Andrés Basso sí dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita. Explicó que «cada uno de los aportes individuales que se identificaron en torno a la maniobra fraudulenta por parte de Cristina Fernández de Kirchner y, a su vez, aquellos con los cuales rompieron la ultrafinalidad económica de ese hecho y probaron la voluntad de sostener en el tiempo el acuerdo criminal inicialmente celebrado”.
Sostuvo que existió una asociación ilícita que «se montó a los fines de apropiarse ilegítimamente de fondos públicos yuno hay métodos implementadoss -el que interesa y el pleno del tribunal ha dado por probado con certeza apodíctica-fue a través de la obra vial financiada con fondos del Tesoro Nacional y ejecutada en la provincia de Santa Cruz”.
Fuentes judiciales señalaron a Clarín quéuna fiscalía insistirá en la acusación por asociación ilícitaescuchar «que se está ante tres o más personas, que hay una organización con roles bien definidos, la permanencia de la misma en el tiempo, y una marcada pluralidad delictiva».
