En septiembre de 2019, el juez fallecido Claudio Bonadio le mandó jugo oral a Cristina Kirchner ya medio centenar de empresarios junto a ex funcionarios, acusados ​​​​de participar de una estructura de sobornos que funcionaba desde el Estado. Desde entonces, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF 7) lleva a cabo la llamada «instrucción complementaria» y busca fijar fecha para el inicio del debate público. En el marco de esos trámites, la vicepresidenta solicitó una gran lista de nuevas pruebas: una pericia de los cuadernos que dieron origen al caso, el celular de José López, y de las llamadas entrantes y salientes tanto de Bonadio como del fiscal Carlos Stornelli.

El TOF 7 es el responsable de la elevación a cabo del juicio del caso que en trámite de instrucción fue calificado como la mayor estructura de corrupción de los últimos veinte años. Recientemente, sus magistrados solicitaron más recursos a la Corte Suprema para imprimir celeridad al inicio del debate oral y público.

Simultáneamente, los jueces Enrique Méndez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli se encuentran analizando la oferta de pruebas realizadas por todos los acusados ​​​​y por la taxía a carga de Fabiana León.

Esa instancia ya concluyó y ahora el Tribunal debe informar que medidas previas accept e impulsa para que se realicen antes de iniciar el juicio oral, como tambien que testigos de todos los sugeridos por las partes seran convocadas para el debate.

La elevación a juicio del escándalo que estalló en agosto de 2018 sostiene que en el expediente se investigó «la principal organización criminal» de las últimas décadasdedicado a la «recaudación de fondos ilegales» que se volcaron en algunos casos «a de lava-vajillas en el país y fuera de él”.

A criterio del juez de instrucción, esa principal acusación se convirtió en el esqueleto de seis expedientes masen los que se buscó analizar área por área en la que el Ministerio de Planificación otorgó contratos y concesiones.

Así, se abrieron causas por las coimas en importación de gas licuado, en la concesión de peajes, el oorgamiento de los subsidios a las empresas de colectivos y trenes, la cartelización de obra pública y las operaciones de lavado de activos en el exterior atribuidas al El exsecretario privado de Kirchner, Daniel Muñoz.

Todas estas investigaciones están relacionadas con el expediente principal del caso, en el que la vicepresidenta está procesada como jefa de la ilícita asociación que sistemáticamente recaudaba coimas. Esta imputación se replica en los expedientes derivados del caso, pero la Cámara Federal porteña redujo a la mitad los procesamientos contra Cristina por no encontrarla directamente relacionada a todos esos supuestos circuitos ilegales.

A la hora de pedir medidas de prueba, el abogado de la vice, carlos beraldi requiere una serie de habilidades que en caso de ser aceptado retrasarán aún más el inicio del juicio.

Saber pudo Segun Clarín de procesos judiciales, Cristina Kirchner le pidióna pericia sobre los cuadernos que escribió Oscar Centeno, ex jefe de Roberto Barata y que dieron origen a la investigación.

Hay que recordar que en otra causa que tiene en instrucción el juez federal Marcelo Martínez De Giorgifue sin duda una experiencia que realizó la Superintendencia de Policía Científica, confirmando así que los manuscritos efectivamente pertenecen a Centeno. Sin embargo, consignaron que en algunos tramos -vinculados al empresario Armando Losón– hay una serie de altercados

Beraldi también recomendó al Tribunal recabar de los organismos públicos documentación relativa a las licitaciones en las que intervinieron los empresarios imputados.

Por otro lado, el abogado de la vice pidió que se perite el celular de jose lopezel ex secretario de Obras Públicas que se acogió a la ley del imputado colaborador en este expediente, es decir: son uno de los 31 arrepentidos con los que cuenta la causa.

El exsecretario de Obras Públicas implicado en su confesión a Cristina Kirchner en el circuito de coimas que pagaban empresarios de la construcción. Sostuvo, entre otras cosas, que el vicio estaba al tanto del sistema que funcionaba -sostiene la justicia desde 2003 y que era ella quien indicaba a que contratistas debia priorizar en el momento de liberar pagos.

La expresidenta pidió que también mar peritado el celular de oscar centeno. En este listado de formas periféricas, se incluyen las llamadas entrantes y saites del fiscal Carlos Stornelli y del fallecido juez Claudio Bonadio, los magistrados que la investigan.

Entre la batería de medidas propuestas por la defensa de la vice se encuentra una consulta en el Colegio de Escribanos sobre actuaciones vinculadas a los distintos arrepentidos.

El 30 de noviembre de 2020 la Sala I de la Cámara Federal de Casación Penal (con la disidencia de Ana María Figueroa) se tragó la ley del arrepentido cuestionado por el kirchnerismo. Eso respaldó el procedimiento bajo el cual se tomaron las declaraciones de los imputados colaboradores.

Antes de la elevación a juicio oral, Bonadio había dado por corroborados los dichos de los arrepentidos que decidieron colaborar con la justicia.

«Podemos afirmar que sus testimonios posibilitaron lograr un avance significativo en la investigación realizada à cabo en la presente causa y sus conexas», había señalado el magistrado. El Planteo contó con el downstream de la instancia siguiente, la Cámara Federal porteña, que sostuvo que fue correcto el uso de la Ley del Arrepentido, que los testimonios fueron corroborados y que sus aportes contribuyeron al caso.

Cristina sigue cuestionando el uso de la normativa aprobada en 2016, su constitucionalidad y cómo se implementa en el caso Cuadernos. Por ello, se requiere que se determine el dictamen del Colegio de Escribanos para determinar la veracidad de la actuación fiscal al tiempo de formalizar los acuerdos de colaboración que después fueron homologados por el juzgado.

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