La intención declarada del Ayuntamiento de Barcelona de cobrar a las empresas de distribución que facturan más de un millón de euros anuales ha provocado los animales en el sector logístico. Desde entonces asociación de empleadores han denunciado que “se trata de un tributo discriminatorio, que incrementa los costos de un servicio de interés económico general y reduce las alternativas de venta de empresas minoristas de todos los tamaños, grandes y pequeños, que se verán obligados a asumir mayores costos oa repercutírselos tiene clientes conocidos”.
En opinión del presidente de esta patronal, Francisco Aranda, en los peores momentos de la pandemia “nuestro sector fue la salvación de muchos establecimientos y pymes, puede permitir que el comerciante aproveche la oportunidad de seguir llevando sus productos a todo el mundo, encontrando riqueza y empleo”. A su juicio, las empresas de reparto son “la vía eficiente para que el pequeño comercio y las pymes tengan la posiiblidad de abrir sus fronteras más allá del barrios”. Para Aranda, l’intención del consistorio barcelonés lastraría la competitividad del pequeño comercio.
Para el presidente de UNO, a pesar de que la intención del nuevo tributo es nivelar el terreno de juego, precisamente el comercio de proximidad se verá afectado por esta tasa. Aranda ha recordado que a pesar de que serán las empresas de reparto las que se vean afectadas “el negocio que vende más productos resultarán perjudicados en términos de rentabilidad, así como los clientes que vien en las zonas afectadas, por lo que se trata de una medida inflacionista”.
Impacto sobrio el medio ambiente
Tampoco están de acuerdo con el Ayuntamiento de Barcelona en que aduzca “Motivos para la protección medioambiental”. Lo que ve «contradictorio» es que la aplicación de este impuesto sobrio las ventas online fomentará las físicas y esto incrementará el tráfico, así como el impacto sobre el medio ambiente.