La Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb), controlada desde el año pasado por el Gobierno a través del FROB, tiene todavía unos 7.000 inmuebles ocupados de manera ilegal, según confirman fuentes de la compañía. Y para hacer frente a este problema, arrastrado desde hace años, puso en marcha hace diez meses un plan que avanza, pero no a la velocidad deseada.
Allá Sareb Es una entidad que nació en 2012 para absorber las actividades problemáticas de la banca. Corresponde a las entidades rescatadas con más de 200.000 activos por más de 50.000 millones de euros, incluida la participación accionarial de la compañía que supuso un 54,1% en depósitos bancarios y aseguradoras y un 45,9% en fondos del FROB.
Este balance patrimonial cambiará desde principios de 2022 cuando el Gobierno decida controlarlo, incluyendo un porcentaje de los bancos para superar el 50% del capital. Asimismo, se le impuso a la compañía desde el Ejecutivo que también debía cumplir una labor social como herramienta de vivienda pública.
En mayo del año pasado se anunció un plan para regularizar a los okupas que tenían en sus pisos, por diversas razones ya que no todos residían en esos inmuebles por la misma razón. “Sareb está implantando en 2022 un modelo de gestión social para familias vulnerables que viven en 9.000 de sus inmuebles”, ha informado esta semana la compañía.
El objetivo era poder realizar un análisis de las personas que estaban residiendo en sus pisos de manera ilegal para comprobar que familias vulnerables y así poder esperar un “alquiler social y asequible”, junto a la implantación de “un programa de acompañamiento social y un plan de trabajo continuado» con esos hogares.
De este total de 9.000 viviendas ocupadas irregularmente, la Sareb ha contabilizado el 22% de las mismas, unos 2.000. “Una vez identificadas familias vulnerables en sus viviendas, Sareb pone en marcha un programa de alquiler social y acompañamiento e inserción laboral, en el que las familias involucradas corresponsabilizan proactivamente para garantizar su éxito. En este momento, la empresa gestionará más de 2.000 trabajadores sociales”, señaló hace unos días la firma.
Desmantelar la empresa en 2027
La Sareb quiere recuperar el valor de esos pisos ya que su mandato sigue siendo el de vender toda su cartera inmobiliaria
Así las cosas, lo que busca la sociedad, controlada en última instancia por la vicepresidenta económica del Gobierno, Nadia Calviño, es tratar de recuperar el valor de esas propiedades. Fuentes de la empresa señalan que los últimos años se han mantenido en cartera muchas viviendas que permanecieron ocupadas o de las que no se tenían constancia en que estado se encontraron, lo que provocó que su valor fuera cero. Si lograran llevar de vuelta a todas esas familias hacia el alquiler social, los inmuebles volverían a tener valor de cara a poder rentabilizar la cartera inmobiliaria porque la realidad es que la Sareb está llamada a extinguirse en 2027; en otras palabras, que para entonces tendrá que haber descubierto vía venta de todos sus activos.
Aun así, es consciente de que las situaciones que hay en esos pisos ocupados son muy variopintas. Desde familias que realmente necesitan y quieren un alquier social, hasta okupas profesionales. Por ello, el primer paso es tratar de relacionarse con ellos para averiguar si realmente son familias vulnerables; si quieren pagar un alquiler social; y si quieren cumplir con el requisito de acompañamiento social y reinserción laboral.
En este caso, la Sareb se ha encontrado con casos que es imposible recuperar por la vía del diálogo y han iniciado los trámites de déahucio para expulsarles de las viviendas. Y fuentes de la compañía señalan que seguirá ese ‘modus operandi’ en todos los supuestos similares que no cumplen requisitos o no se integran en los planes sociales de la empresa.
Estrategias Cambio
Esta forma de actuar qu’ha adoptado la Sareb desde mayo de 2022 contrasta con cómo se gestionaba hasta ahora el problema de las ocupaciones en la sociedad inmobiliaria.
En los últimos años se había seguido una estrategia con múltiples aristas para tratar de desprenderse del problema de la ocupación ilegal. Así, se articularon diferentes soluciones: desde vender carteras de inmuebles ocupados en su totalidad a fondos de inversión para que sean estos los que se hagan carga, hasta acudir a la vía legal, con diferentes resultados.
La realidad es que las operaciones de venta de carteras inmobiliarias a fondos de inversión ya no es una prioridad en Sareb ahora que está controlada por el Gobierno. Las preferencias son otras, como tratar de que sean particulares o Administraciones Públicas los que las adquieran. “En 2022, todas las viviendas vendidas en la cartera para desinversión lo fueron a compradores minoristas (y de ellos más de un 90% fueron personas físicas), con un precio medio asequible de 97.000 euros. Además, el parque de viviendas de Sareb es una disposición para su venta a las Administraciones Públicas autonómicas y locales para su adquisición, y de este modo aumentar el parque público de vivienda social y alquiler asequible”, informó la entidad.