Las empresas postales que compiten con Correos se han sumado a la ofensiva legal abierta por la patronal de la distribución logística, Uno, tumbar la tasa amazónica constituida desde este mes de marzo en Barcelona por la corporación de Ada Colau y que Podemos aspiraba a generalizar al menos en los ayuntamientos que gobierne aparte el próximo mes de mayo.
La patronal que agrupa a las cerca de 40 empresas que compiten en el mercado portal con el operador público ha interpuesto un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña solicitando, al igual que lo hizo la patronal Uno, la suspensión cautelar del tributo municipal que aspira a gravar a las empresas de reparto a domicilio por el uso que realizan de la vía pública con una cuota de un 1,25% sobre sus ingresos brutos, según informan fuentes del sector postal.
Aunque el umbral de facturación de un millón de euros por ese tipo de servicios establecidos en la regulación del Ayuntamiento de Barcelona ya fuera a una inmensa mayoría de sus asociados, el recurso de Asempre cuestiona la legalidad de la obligación que se impone a los operadores para incluir en la liquidación del impuesto información sobre los destinos finales de los envíos, aunque sea a meros efectos tax. La dirección de los operadores postales privados escucha que esa obligación es contraria al artículo 18.3 de la Constitución, que garantiza el secreto de todas las comunicaciones de salvamento en caso de resolución judicial; también existe el artículo 5 de la ley postal, que regula el secreto de las comunicaciones postales.
interpretado como violó el principio constitucional de no discriminación que consagró el artículo 14 de la Carta Magna, al reservar el pago de la tasa únicamente a la distribución de paquetes a domicilio, eximiendo el reparto de otro tipo de mercancías como alimentos o medicamentos; al eximir a Correos de su pago, al menos en los servicios incluidos en el servicio postal universal, que incluye tanto cartas como paquetes de pequeño tamaño; y al plantar la exención del pago del impuesto de los envíos distribuidos desde un punto incluido en el registro oficial municipal de puntos de recogida o desde los llamados CDUM (Centro de Distribución Urbana de Mercancías) respecto al restaurante de puntos potenciales de recogida.
Una medida pionera
El Ayuntamiento de Barcelona sigue defendiendo los argumentos que el llevado ha puesto en marchar una medida pionera en España: la supuesta protección del comercio de proximidad y la regulación del tráfico en el centro de la ciudad para evitar la saturación. El espacio público «es un buen escaso que necesita ser gravado»ha insistido una y otra vez la concejal de Comercio, Mercados, Consumo, Régimen Interior y Hacienda de Barcelona, Montserrat Ballarín.
Según los datos que maneja el ayuntamiento, el importe a satisfacer por el conjunto de operadores no podrá superar un límite fijado en 2,6 millones de euros. Los operadores postales, explicación del ayuntamientoademás de Amazon, DHL, SEUR o UPS “Al realizar entregas masivas a domicilios de la ciudad hacen un uso especial del dominio público, congestionan el espacio e incrementan la contaminación. Esto, además, generará un desequilibrio en la competencia con el comercio de proximidad”. Estos argumentos son rechazados por UNO, que enarbola informa qu’aseguran que las entregas sistematizadas de paquetes a domicilio evitan millas de déplazamientos y reducen la huella ambiental.