Sus tareas de mantenimiento en un tramo de la ruta 288, por la que el contratista K cobró un total de 3.300 millones de pesos y que no hizo. Ahora Alberto Fernández pagaría casi lo mismo, pero sólo por un trabajo puntual en esa traza.
El gobierno de Alberto Fernández lanzó una subasta millonaria realizar obras en un tranvía de la Ruta 288, que abandonó a Lázaro Báez pero que, según los informes oficiales, cobró con sobreprecios en la medida del 60%. Cuando parte de este tramo fue adjudicado al Grupo Austral, sólo compitieron tres firmas de su holding. La ruta fue cuestionada por el Tribunal que condenaron a Cristina Kirchner por corrupción, ya que integró las licitaciones «amañadas y cargada de irregularidades» que generan un daño al Estado de 80.000 millones de pesos.
“Tenemos la certeza de que, mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre los años 2003 y 2015, tuvo lugar una maniobra extraordinaria fraudulenta que perjudicó los interese de la administración pública”, escribieron los jueces.
Entre las obras testigo analizadas y que expuso el fiscal Diego Luciani para pedir la condena de la vicepresidenta y su ex socio comercial, junto a los demás imputados, se habló de la Ruta 288. Sobre este camino se realizaron cinco procesos licitatorios para distintos tipos de obras.
Las licitaciones para las obras en la Ruta 288 se lanzaron en 2007 (dos), en 2011 (otras dos) y la última en 2012. El costo global inicial de las cinco era de 1,798,783,795 pesospero a Lázaro Báez la terminaron adjudicando los contratos por un total de 3.305.251.775 pesos.
Pesa en los sobrecostos, la única de las obras que fue una remediación de cantera, que el fiscal Luciani calificó como la «caja clandestina de Báez», porque esas obras no contaron con ningún tipo de control sobre su terminación, pero además, porque Vialidad nunca había licitado por separado una tarea que ya se hizo en los pliegos.
Las restantes cuatro obras quedaron inconclusas. Sobre uno de esos tramos, el que va hacia Piedra Buena empalme con la Ruta 9, hubo serias objeciones por parte de la justicia y his trabajos sobre ese camino para los cuales el gobierno de Alberto Fernández lanzó una nueva licitación. Las ofertas realizadas y que se conocieron la semana pasada, según la documentación a la que accedió Clarínfueron dos: uno por 2.658.397.861 pesos y el segundo por 3.222.106.542 pesos.
El Gobierno se encontrará en etapa de análisis de las ofertas realizadas para después avanzar hacia la preadjudicación finalmente determinará que firma le otorga la obra que abandonó Lázaro Báez.
The management ha lanzado un conjunto de licitaciones sobre la Ruta 3, adjudicando el tramo más costoso a Cristóbal López y otras obras sobre Ruta 40, también con el dueño del Grupo Indalo posicionándose con la oferta plus, para finalizar trabajos que dejaron inconclusos el Grupo Austral .
Las irregularidades de la obra
La primera acusación sobre la Ruta 288, el tramo consignado, es que à la compulsa de precios se presentaron Gotti Hermanos, Kank & Costilla, Austral Construcciones y el Grupo Petersen. Las tres primeras son del mismo dueño: Lázaro Báez. “Esta licitación debió ser desestimada, porque compitieron tres empresas del mismo Grupo. Y cuando ganó Gotti le cedió la obra a Austral inmediatamente”, había indicado el fiscal al argumentar la maniobra de simulación.
Otras observaciones de las empresas de Lázaro Báez nunca certificado de capacidad de adjudicación«incumplimiento que estaba sancionado con la rescisión directa de la contratación, y sin embargo nada de ello ocurrió».
Los costos que se déprenden de la imputación formal, indican que «se elevaron el plazo original de 36 meses a 119 meses y 23 díasy el costo de la obra aumentó de 225.759.596,47 pesos a $356.336.879 pesos (+57,84%); los cuales se actualizaron a agosto de 2016 -cuando la justicia analizó la licitación- representaban 1.632.490.218,03 pesos».
La obra tuvo el mismo final que otras 23 rutas: el abandono por parte del empresario K.
Según estableció el TOF 2 en su sentencia de diciembre pasado, uno de los agravantes de los contratos del Estado con las empresas de Báez fue que el 50% de las obras licitadas quedaron inconclusas, pero la totalidad de las licitaciones respondieron a “proceso amañado” , a través del cual “se simularon las ofertas de costos”, la administración pública (nacional y provincial) y las empresas contratistas del Estado pertenecientes al mencionado grupo empresarial”.