Fue dos meses antes del hackeo al celular del ex ministro de Seguridad porteño. Los datos eran necesarios para hacer la maniobra de SIM SWAP. Esa Alcaldía dirige la hermana del ministro de Justicia Martín Soria.
dos meses resaltado del hackeo del celular de Marcelo D’Alessandro de la Municipalidad de General Roca, encabezado por María Emilia Soria, pidieron informa sobre antecedentes personales en la empresa Nosis del ex ministro de Seguridad porteña.
Del informa sobre Nosis se pudo sacar los datos necesarios para hacer la maniobra de SIM SWAP y clonar el chip del celular y así robarle el contenido de sus mensajes de Whatsapp y Telegram.
La intención es la hermana del ministro de Justicia de la Nación, Martín Soria, uno de los funcionarios alineados con Cristina Kirchner y su ofensiva contre la Justicia para intendar anular su condena a 6 años en la causa Vialidad .
El informa de Nosis fue pedido el 16 de agosto de 2022, a las 20:21 horas, según consta en la causa judicial que investigó la jueza Araceli Martínez y la titular de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la CABA, Daniela Dupuy, reveló a Clarín fuentes judiciales. El hackeo al ex ministro fue el 19 de octubre de ese año, es decir casi dos meses después.
Esos datos de D’Alessandro eran requerido contestar la trivia de preguntas de Movistar para conseguir un nuevo código para la SIM objetivo del móvil de D’Alessandro.
El hacker Ezequiel Nuñes Pinheiro, residente en Eldorado, Misiones, encomendó allí el hackeo al ex ministro ante la Justicia, dijo que algunos de los datos para hacer la maniobra se pasaron otros dos hackers de la red de Telegram «DARK PFA». Y que otros obtuvieron de una cuenta robada que tenía para acceder a la base de datos del Registro Nacional de las Personas (RENAPER).
El hackeo también afectó a los otros «objetivos» -así los definió el hacker- el diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli; los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos de la causa Vialidad); el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (que deben revisar la sentencia de Cristina Kirchner a 6 años de prisión en este caso), entre otros.
Nuñes (22 años) confirmó que obtuvo los códigos, a través de la maniobra de SIM SWAP, pero que sus clientes fueron los que entraron a los mensajes privados de sus víctimas.
en la causa figura el número de la funcionaria de la municipalidad que hizo el requerimiento a Nosis habrá una allegada de confianza de l’intendante que es María Emilia Soria. Esta es la hermana menor del Ministro de Justicia cuyo otro hermano es delegado de la AFI en Paraguay.
Clarín mandó anoche un mensaje a la vocera de María Emilia Soria y hasta el cierre de esta nota no había recibido una respuesta.
Soria es el Ministro hizo la denuncia contra D’Alessandro, jueces, fiscales y empresarios periodísticos que viajaron el año pasado a Lago Escondido y están investigados por el supuesto delito de dádivas (recibir regalos a cambio de una decisión oficial).
La primera denuncia el hecho en Bariloche el abogado Marcelo Hertizriken Velasco. En ese momento lo vinculó con el ex titular de la AFI y el senador Oscar Parrilli. Entonces, los voceros de Parrilli desmintieron la versión. «Parrilli no conoce a Hertzriken, no tiene estudio de abogados y de hecho hasta se bajó de la matrícula», afirmó los voceros del senador al sitio La Política On Line.
Sin embargo, en su presentación en el juzgado de Bariloche Hertzriken dio como domicilio procesal la calle San Martín al 200 «estudio Parrilli asociado a él».
Ise medio, informó también qu’a abogados de jueces que viajaron también llamó la atención que en el juzgado de Bariloche, la taxía que lleva adelante la causa, «trabaje como prosecretario letrado Gustavo Révora, quien sería primo del ministro del Interior, Wado de Pedro, y como el oriundo de Mercedes». Révora, qu’incluso se habría presentado en el concurso para ocupar el todavía vacante juzgado federal de Bariloche, fue director del Registro Nacional de Armas (RENAR) en la segunda presidencia de Cristina Kirchner.
Así la causa se radicó en Bariloche pero hace dos semanas atrás, la Cámara Federal de Casación Penal decidió que pasara a ser investigada por la Justicia federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires donde se contrataron los pasajes para ir a Lago Escondido, entre otros motivos .
