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Una empresa de seguridad se presentó en la causa, negó cualquier vínculo con el hacker misionero y registró el polémico accionar del diputado K.
La empresa de seguridad Hunter Security SA se presentó ante la Justicia porteña para alertar sobrio a supuesto pretender desviar la investigacion contra el exministro de Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro.
Para la firma, se buscaría»desviar la investigación y mantener ocultos a los espías y funcionarios que habrían actuado junto» con el hacker misioneros Ezequiel Nuñes Pinheiro, quien confesado haber irrumpido en la celda del ex funcionario.
Además, Hunter Security SA negociar cualquier vinculación con el hackeo a celulares de D’Alessandro y jueces y taxs que investigaron a Cristina Kirchner y grabó que ya fue falsamente vinculado a este tipo de operaciones por el diputado del Frente de Todos Rodolfo Tailhade.
Clarín adelantó ayer que Nuñes dijo que vendió 50 tarjetas SIM vírgenes multitrámite para celulares a joven de la localidad bonaerense de José C. Paz y que éste estaría vinculado a una empresa llamada Hunter un segundo.
El joven misionero, en su ampliación de indagatoria del martes, incluso, dio la dirección del comprador en la localidad bonaerense de José C. Paz. El hackeo a D’Alessandro se hizo con la técnica SIM SWAP que supone hacer una tarjeta melliza el celular de la víctima para poder controlarlo.
Fuentesjudiciaires confirmó que este comprador “Trabajó en Hunter entre 2018 y 2021”.
Ahora la Justice llamaría a declarar a ese comprador y trataría de averiguar si esos chips vírgenes fueron usados en alguna de las operaciones contra políticos de la oposición, jueces y tax.
En un escrito, contaron tiene Clarín fuentes judiciales, Hunter Security SA se puso ayer a disposición de jueza Araceli Martínez y de la fiscal Daniel Dupuy et hicieron una serie de consideraciones.
En su presentación, Hunter Security SA representó a los abogados Hugo Pinto y Pedro Migliore, registrados en enero de 2022 Tailhade -integrante de la Comisión Bicameral de Seguimiento de Organismos de Inteligencia-, dijo ante Crónica TV”en la forma equívoca de Hunter Security SA con relación al caso conocido como «Gestapo»” macrista.
Tailhade fue director de Contrainteligencia de la AFI y actualmente es miembro del entorno de la vicepresidenta.
El diputado K aludió al captura de video forma anónima de una reunión de funcionarios del gobierno de la ex gobernadora María Eugenia Vidal, empresarios de la construcción y dos agentes de la AFI en la sede porteña para hablar del caso «Pata» Medina. El caso lo investiga el juez federal de La Plata Ernesto Kreplak.
Luego esa comisión, presidida por el diputado cristiano Leopoldo Moreau, invitó a hablar al presidente de Hunter pero éste respondió por escrito. Lo unico que habia hecho la firma era tener dos vigilantes privados en esa sucursal del banco Provinciapero Tailhade lo acusó de haber creado una «zona liberada» inexistente para permitir el ingreso de los participantes.
La empresa Hunter aclaró lo mismo al juez Kreplak y dijo que desde esa comisión se descubrió «un direccionamiento arbitrario de la investigación de inteligencia” en su contra.
D’Alessandro denunció a Tailhade como supuesto autor de su hackeo ante el juez federal Daniel Rafecas porque, a su criterio, conocía la difusión de sus chats hackeados resaltado de que ocurran subidos a un sitio fantasma de Internet. El diputado cristinista negociar la denuncia.
En su escrito, la firma Hunter confirmó que sus miembros “no han tenido contacto con alguien con esa persona (Nuñes)” y que «no recibido de él elemento alguno (para telefonía celular o de cualquier otro tipo) ni intervenido en envío de dinero alguno».
Más adelante, asegura que algunas de las pistas que dio Nuñes «tendrían el objeto de tumbar la investigación y mantener ocultos a los espías y funcionarios que habrían actuado junto con Nuñes Pinheiro”.
El hackeo tambien afectó a los otros «objetivos»: el diputado de Juntos por el Cambio Diego Santilli; los jueces Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso (ambos de la causa Vialidad); el fiscal general de la Ciudad, Juan Bautista Mahiques; y los jueces de la Cámara Federal de Casación Penal Mariano Borinsky y Gustavo Hornos (que deben revisar la sentencia de Cristina Kirchner a 6 años de prisión en este caso), entre otros.
Mientras tanto, el espionaje ilegal a D’Alessandro, jueces y tax es investigado en varios juzgados.
La denuncia del ex ministro de Seguridad la tiene la jueza Martínez mientras que el caso del juez del Tribunal Oral Federal 2, Rodrigo Jiménez Uriburu lo tiene el juez federal Marcelo Martínez Di Giorgi, mientras la jueza María Servini archivó la denuncia del diputado de Juntos por El Cambio, Diego Santilli.
