Sáb. Feb 4th, 2023


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    La solicitud no tiene la profundidad de los que se usaron contra el ex juez Oyarbide o la Corte de la mayoría automática de Menem. Los supremos aún no definieron una estrategia común. Temen que si hablan por telefono los graben los servicios.

    La nueva ofensiva de Cristina Kirchner contra Corte busca «quebrar» a sus cuatro miembros y que alguno renuncie por el desgaste personal que les producirá el show montado a través del pedido de juicio político, los ataques a sus personas y familias lanzados desde los medios K y las redes sociales y las marchar que comenzarán el 1° de febrero

    es la ultima de los mas de 20 medios que la vicepresidenta impulsó desde el 10 de diciembre de 2019 para domesticar la Corte y evitar que las avancen las causasjudices por corrupción en su contra. Pero esta vez, tiene el claro impulso del presidente Alberto Fernández.

    El pedido de juicio político de 410 páginas parece más un «recorte» de noticias periodísticas que una acusación formal que si bien es política debería seguir ciertas reglas de la Justicia. Y parte del hecho que saben que no tienen los dos tercios de la cámara para aprobar un eventual juicio político.

    basta con comparar esta solicitud con la acusación de Elisa Carrió al ex juez Norberto Oyarbide del 2001 basada en causasjudices en las que estaba imputado por enriquecimiento ilícito o prevaricato o el juicio contra miembros de la ex Corte automática de Menem de los primeros años del año de Kirchner para ver las diferencias en la profundidad de los contenidos. Y sin considerar que la mayoría de los testigos convocados son militantes, empleados o favorecidos por el oficialismo.

    Si bien se acusa a los cuatro, el kirchnerismo quiere hacer causas individuales contra cada uno de los supremos:

    – A Horacio Rosatti el achacan el fallo que declaro inconstitucional la ley impulsada por Cristina Kirchner en 2006 para controlar el Consejo de la Magistratura y la cautelar por la quita de fondos coparticipables que el gobierno nacional le hizo a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

    – A Carlos Rosenkrantz se lo acusa por haber votado, junto a Highton y Rosatti, un fallo que en el 2017 declaró aplicable la ley 24.390 (conocida como 2 x 1), al represor Luis Muiña que estaba condenado por delitos de lesa humanidad.

    – A Ricardo Lorenzetti, además de la cautelar, porque le quieren enrostrar la acusación de Cristina contre la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado (DAJUDECO) al cual adjudica la filtración de los famosos audios en que trata de «pelotudo» al senador Oscar Parrilli.

    – A Juan Carlos Maqueada lo señala por irregularidades en el manejo de la Obra Social del poder judicial.

    De un primer análisis, queda claro los jueces no pueden ser juzgados por el contenido de sus sentencias como explicaciones constitucionalistas como Daniel Sabsay o Andrés Gil Domínguez.

    Y querer destituir a Rosatti por los supuestos chats que su vocero, Silvio Robles, intercambió con el ministro de Seguridad porteña, Marcelo D’Alessandro, se convalidaría el uso de chats obtenidos en forma ilegal como prueba. Los mismos diputados y abogados qu’afirmaban que las confesiones de los arrepentidos en la causa de los Cuadernos de las Coimas eran ilegales porque no se habían grabado sino solo escritos por un oficial escribiente, ahora convalidan esos chats.

    «¿Y qué va a ser el diputado y ex director de Contrainteligencia Rodolfo Tailhade?», preguntó un abogado. ¿Acusar a D’Alessandro? Cuando el Mismo está investigado en un expediente judicial como supuesto conocedor del robo y filtración de esos chatsentre otras preguntas.

    En el caso de Lorenzetti, la Facultad de Ingeniería de la UBA determinó que este audio no fue filtrado por DAJUDECO. Incluso, esta medida podría ser a tiro por la culata porque los jefes de esta oficina de escuchas telefonicas podrian informar que ningún juez pidió pinchar el celular by D’Alessandro así quedará en claro que procede de un delito.

    En cuyo caso a la acusación contra Maqueda se basa en notas periodísticas porque en la causa legal abierta por este tema ni siquiera está acusado. Sí más, la diputada ultracristinista Vanesa Siley que lo va a juzgar en la comisión de Juicio Política usted es el denunciante, a través de su gremiojudiciaire.

    Por miedo a sufrir escuchas ilegales frente a una campaña que, esta vez Alberto Fernández, los supremos aún no han decidido una estrategia común en charlas telefónicas o por Zoom. Esperarán a cara a cara verso en febrero. Por lo pronto, Rosatti El lunes entrará de feria tras unas vacaciones en que demostró como los trolls atacaban a su familia en las redes sociales.

    En el texto, los diputados sostienen que deben ser citados como testigos”todos los directores, secretarios, funcionarios y/o empleados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que hayan tenido intervención y/o hayan podido aportar datos de interés respecto de los hechos denunciados”.

    “El enjuiciamiento político, en el que se acusa y se intencional destituir a jueces de la Corte Suprema de Justicia, es una instancia excepcional en la que persigue la determinación de la responsabilidad política del gobernante”, añade el documento.

    Agrega que «el mal desempeño de los jueces de la Corte Suprema de Justicia se pone en evidencia cuando el magistrado no aplica o decide contra el Derecho en vigor o deficiencia de aptitudes morales o intelectuales para el cumplimiento de la tarea«.

    “Ese mal desempeño, además, se encuentra afianzado en una composición homogénea de resoluciones jurisdiccionales que demuestran inequívocamente una interpretación infiel y lesiva del ordenamiento jurídico del Estado, en cuya cima, la Constitución resulta espectacularmente violada”, señalaron los diputados.

    En su jugada, el kirchnerismo enumeró a algunos de los empleados de la Corte que quiere citar: contador Héctor Daniel Marchi. administrador general; Lic. Joaquín D. Alperovich de la Unidad de Análisis Económico; Carmen María Odasso, Directora de Administración; Sebastián Clerici. secretario alfabetizado; Enrique de Vedia, Prosecretario letrado; Enzo Canonaco, médico forense; María Cristina Interlandi, Medicina Legal y Perito y Oscar Fernández, Perito de la CSJN. «El falto citar al mayordomo», dijo un abogado con ironia.

    Se trata de la misma estrategia, en conclusión, que hizo la senadora cristinista Anabel Fernández Sagasti cuando convocó al Senado a médicos, psiquiatras y psicólogos para demostrar que el ex juez de la Corte, Carlos Fayt, sufría demencia senil. Fayt aguantó la maniobra y renunció cuando Cristina Kirchner dejó el poder el 10 de diciembre de 2015.

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