El Ministerio de Transportes y el sector del taxi ultiman un decreto-ley para establecer nuevas limitaciones a Uber y Cabify tras el fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) transporte con conductor (VTC) pueden recibir nuevas licencias más allá del ratio 1/30 (un permiso VTC por cada 30 taxis). Este martes, la patronal Antaxi y el antiguo Ministerio de Fomento han dejado casi cerrada una nueva regulación para frana la llegada de un alud de permisos a las empresas que operan con Uber, Cabify y Bolt. El texto podría cerrarse mañana en la segunda toma del encuentro que ocurrirá a las 3:00 p.m.
Los taxistas se presentaron en la reunión con amenazas de movilizarse el jueves en Madrid si no se atendieron a sus peticiones, pero Transportes, liderado por la secretaría de Estado David Lucas, ha sabido calamar las aguas. Desde el ministerio señalan que ha existido buena voluntad por ambos para llegar a un acuerdo y que este se pueda poner en marcha lo antes posible. Se advierte que las acciones que se dan en la norma afectarán únicamente al transporte interurbano, “nuestro ámbito de actuación”. En el ámbito urbano seguirán siendo las comunidades y ayuntamientos quienes deben regular las condiciones para autorizar la circulación de las VTC, según detallen las mismas fuentes.
Desde Antaxi, sin embargo, llaman a la calma y aseguran que, aunque hay buena disposición en las negociaciones, “las posturas con Transportes siguen alejadas”. Por lo que las movilizaciones convocadas para el jueves siguen en pie.
Transportes aún no concreto el contenido de la norma pero previsiblemente serviía para esquivar la sentencia del TJUE que con que la limitación estatal de una licencia VTC por cada 30 de taxi va en contra del derecho europeo. Este dictamen abre la veda para que las conectadas acompañen a Uber, Cabify y Boltpueden acceder a más permisos y aumentar sus flotas en las principales ciudades españolas.
Ante las intenciones del Ejecutivo, el VTC ya empieza a moverse a nivel europeo. Las patronales del sector Feneval y Unauto ya han enviado una carta a la Comisaria Europea de Transportes, Adina Vălean, para pedir que interceda ante el gobierno español “antes de que tomen medidas que vayan en contra de la reciente sentencia del TJUE”.
El sector explicado en el mapa en Comisión Europea que el decreto-ley en el que trabaja el Gobierno, no podría ser impugnado ante los tribunales directamente por particulares, empresas o Autoridades de Competencia, “dejando así a las empresas de VTC en una clara situación de indefensión”. Remarcan ante Bruselas que el objetivo de la ley tiene como objetivo reducir los efectos de la sentencia del TJUE, “ya sea directamente, o permitiendo que las autoridades regionales y municipales españolas lo hagan, lo cual es muy preocupante para nuestra industria”.
Además, las VTC tildan de «indignante» que el Gobierno «pueda aprobar urgentemente para eludir al Tribunal, negociando exclusivamente con las asociaciones de taxis, justo antes de unas elecciones nacionales (23 de julio)». Y que lo haga, sin siquiera “escuchar a los representantes de las VTC, lo cual resulta francamente incomprensible”. Para el sector resulta claro índice de que la nueva regulación que quiere imponer Transpotes “tiene el objetivo real de proteger los intereses económicos de los taxis, en detrimento de las VTC”.
Desbloqueo de licencias
La sentencia de la justicia europea sirve también para desatascar millas de peticiones de licencias VTC que habían sido denegadas bajo el paraguas de la norma. Eso es a lo que temen los taxistas y que pretenden evitar a toda costa. Desde Antaxi aseguran tener conocimiento de más de 130.000 solicitudes de VTC en España, así como que tras la publicación del fallo del TJUE esa cifra se ha disparado.
El germen del la sentencia está en las múltiples denuncias de las empresas de VTC ante las duras restricciones que el ayuntamiento de Barcelona ha podido operar. El consistorio de la recién salida de la alcaldía, Ada Colau, requiere una licencia municipal adicional a estas empresas en toda el área Metropolitana de Barcelona. Incluye ha ido más allá. Desde el año pasado obliga a las VTC a trabajar con vehículos que tendrán un mínimo de 4.90 metros de largo.
Sus restricciones que desde hace tiempo apilan exigidas en los tribunales. Pero ha sido una concreta la que ha desatado el pronunciamiento del TJUE. En 2021, la filial de Cabify, Prestige y Limousine, SL (P&L), denuncia las trabas de Colau ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). La compañía solicitó al alto alto tribunal catalán la cancelación de la regulación local de los servicios de VTC en toda el área metropolitana de Barcelona al considerar que el único objectivo del reglamento local era obstaculizar su actividad, “con el único fin de proteger los intereses del sector de los Taxis». Ante la duda, el TSJC decidió elevar el caso a nivel europeo.
The VTC argument tuvo una buena cogida en el TJUE. La Corte de Luxemburgo llamó al orden este mes al ayuntamiento de Colau por ese motivo. “El objeto de garantizar la viabilidad económica de los servicios de taxi es una razón de carácter puramente económico que no puede constituir uno de los ámbitos” expuso en su sentencia en referencia al ratio 1/30 entre VTC y taxi. A cambio, el TJUE si existe la posibilidad de que los ayuntamientos puedan exigir un segundo permiso, si así lo justifican los objetivos de la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como de protección del medio ambiente. Estos argumentos ya están en manos del TSJC que será quien tendrá que legitimar o no las limitaciones.
Actualmente en España hay registradas 18.490 licencias VTC por las 60.300 qu’existen de taxi. Es una relación muy superior a 1/30. Para las patronales VTC Feneval y Unauto estos números son, sin embargo, reflejo de una gran escasez de transporte alternativo en las principales ciudades españolas, respecto a otras capitales europeas como Londres donde por cada 1.000 habitantes hay 10,1 VTC y taxi; en Ámsterdam 8,5, en Lisboa 5,7 y en París 5,5. En Barcelona es 3,5.