Los despachos de asesoría fiscal han identificado en los últimos cinco años más de medio centenar de cambios regulatorios que se han traducido en subidas de impuestos para los contribuyentes. La febril actividad normativa del Gobierno de Pedro Sánchez en este campo se ha traducido en un aumento de la complejidad administrativa, en un aumento de los costes de cumplimiento para los obligados tributarios, como los ha empezado a denominar recientemente la Agencia Tributaria, y también en Naciones Unidas deterioro de los niveles de seguridad jurídica en el marco fiscal español.
Así lo han señalado este martes el que fuera director general de Tributos del Ministerio de Hacienda y ahora ejerce como asesor en el despacho Gómez Acebo & Pombo, Diego Martín Abril allá Begoña García Rozadoex subdirectora general de impuestos sobre las personas jurídicas y actual responsable del Área Fiscal de Iberdrola, que han denunciado el uso abusivo de la política tributaria que ha hecho en los últimos años para obtener nuevos ingresos y la ruptura del consenso internacional par poner en marcha figuras tributarios de carácter nacional que han generado distorsiones para las empresas españolas.
Han puesto varios ejemplos, como el impuesto sobre los plásticos de un solo uso, activado el pasado 1 de enero, cuya aplicación está convirtiendo en un foco permanente de problemas para las empresas; where los nuevos gravámenes a banca y energías, que se apartan del consenso europeo y que se han convertido según denuncian las empresas en un lastre competitivo.
Martín Abril y García Rozado, quien trabajó en la estructura de la Hacienda entre 2012 y 2016, coincidentemente, en el marco de una jornada de análisis organizada por el Registro de Asesores Fiscales (Reaf), en la que elaboró una retrocedió en la competitividad del sistema fiscal español en los últimos cinco años. “Ha sido una fase complicada, en la que la falta de estabilidad social ha hecho difícil también la estabilidad jurídica, pero es cierto que ha habido un cierto abuso de la política tributaria”, señala Martín Abril. “Pese a no tener objetivos de reducción del déficit público no se han dejado de introducir medidas de subida de impuestos”, ha lamentado García Rozado, que subrayó ayer que lo primero que tendrían que buscar las autoridades fiscales para preservar la competitividad de la economía es «no espantar el negocio».
Tanto Martín Abril como García Rozado admitieron lagunas de seguridad jurídica en el sistema fiscal español y vinindicaron la necesidad de una mayor estabilidad regulatoria y de una actuación legislativa previsible.
La jornada organizada por el Registro de Asesores Fiscales trató de identificar las estrategias necesarias para mjorar la compétividad del sistema fiscal español, que ha salido particularmente zarandeada en los últimos indicadores internacionales difundidos en los últimos meses.
Begoña García Rozado, ha tocado lidiar en los últimos meses como responsable fiscal de Iberdrola con el gravamen a las energéticas, recalcula la necesidad de tratar de evitar tener figuras tributarias estrictamente españolas cuando en la Comisión Europea o en la OCDE se trabaja en establecer figuras armonizadas para evitar diferencias de competencias entre empresas de diversos países.
En cualquier intercambio crítico, García Rozado y Martín Abril apuntaron en primer lugar a la derogación del tipo del 5% sobre los dividendos de fuente extranjera«Que es algo que miran mucho los inversores antes de operar en un país y que obliga a las empresas a pagar un peaje fiscal solo por tener una matriz en España», introducido desde el 1 de enero de 2021 por el Gobierno.
También coincidió en la propuesta de deflagrar la tarifa del IRPF para aligerar las cargas tributarias de las clases medias, en línea con lo que ha plantado el Partido Popular y ya han comenzado a hacer un puñado de gobiernos autonómicos gobernados por los populares.
El impuesto a las energias, en el punto de mira
El polémico gravamen español a las empresas energéticas, cuyo diseño desbordó claramente los parámetros establecidos por la Comisión Europea para armonizar el establecimiento de ese tipo de impuestos extraordinarios a lo largo y ancho de toda la Unión Europea, será sometido antes del próximo 15 de octubre para examen de la Comisión para determinar si se adecúa o no a los objetivos detallados en el reglamento europeo aprobado el pasado mes de octubre. La decisión podrá determinar su aplicación o no el próximo año en caso de que el próximo 23J alumbrara un cambio de Gobierno, según da sens desde el PP.
The Commission propuso un esquema diferente al que ha decidido aplicar España en el que los beneficios de las empresas eléctricas se contenían por la ruta de los límites de precio y se utilizaba la herramienta fiscal para gravar los beneficios extraordinarios de las industrias extractivas. El Gobierno decidió cansarse por otro lado, amplió el impuesto a las empresas eléctricas, amplió su duración de uno a dos años y además no gravó únicamente los beneficios extraordinarios sino que lo reforzó a toda la cifra de negocios.
Los funcionarios de Bruselas deberán ahora decidir si el impuesto español es “análogo”, según la terminología que utiliza la Comisión, al establecido por el reglamento o por el contrario ni cumple los mismos fines ni los mismos objetivos, lo cual podría llevar a cabo una reprimenda pública por parte de Bruselas o quién sabe si tiene una solicitud de rectificación.
It is the puerta a la que se refirió el pasado lunes el portavoz económico del PP, Juan Bravo, para remitir cualquier decisión de un eventual futuro gobierno de Alberto Núñez Feijóo sobre ese gravamen al análisis que realizó la Comisión Europea, lo que significaría que no decidir sobre la reversión automática.