Se complican las cosas al expresidente Donald Trump en sus frentesjudices. Con la esperanza de que el recaudador de impuestos de Manhattan, Alvin Bragg, decidiera si presentar cargos contra el por un pago ilegal a una actriz porno, en Washington los tribunales han dado el miércoles un paso que acerca a un poco más la posibilidad de otro cargo. Esta, en el caso abierto al magnate por su manejo de documentos clasificados.
Un tribunal de apelaciones del Circuito Federal de Washington dictaminó que los abogados de Trump Evan Corcoran y Jennifer Little deben testificar ante un gran jurado y proporcionar documentos relacionados con su cliente. Con esta decisión, el órgano judicial ha dado la razón al fiscal especial que investiga el caso, Jack Smith, y ha descartado los argumentos de los representantes del expresidente, que pidió que no se obligara a los letrados a declarar. Es posible que Corcoran comparezca ante el gran jurado est mismo viernes, según ha apuntado la cadena de televisión CNN.
El caso atañe a los miles de documentos clasificados, relacionados con la presidencia de Trump, que el expresident mantuvo en su poder una vez terminado su mandato. Las leyes estadounidenses obligan a los mandatarios a preservar los documentos oficiales que manejan en ejercicio de su carga ya entregarlos a los Archivos Nacionales para su conservación una vez abandonan el poder.
Trump, en cambio, se quedó con una buena cantidad de papeles oficiales, incluidos centenares con el sello que los declaraba clasificados. El año pasado, sus abogados entregaron en suNUMer y voluntariamente una docena de cajas a los Archivos Nacionales, incluidos unos 200 documentos confidenciales. En mayo, los impuestos emitieron una orden oficial de devolución de cualquier material clasificado que aún pudiera permanecer en poder del exmandatario. En junio, Corcoran ingresó al Departamento de Justicia, otro grupo de papeles oficiales y una declaración formal de que, tras registrarse en la residencia de Trump en Mar-a-Lago (Florida), no encontramos otro material indebido. Pero, en agosto, agentes del FBI legitimados por una orden judicial registraron Mar-a-Lago y levantaron 32 cajas de documentos.
La investigación que abrió el fiscal especial Jack Smith por encargo del Departamento de Justicia se ocupará de determinar si Trump se quedó con esas cajas a sabiendas, y si el expresidente o gente relacionada con él obstruyó a la Justicia al no obedecer los requisitos.
Smith había solicitado que Corcoran ingresara una serie de documentos en torno ya que el expresidente había manejado el material confidencial encontrado en su poder y que declaróse ante el gran jurado que el caso examinado. Las leyes estadounidenses protegen la confidencialidad entre un abogado y su cliente, pero contemplan una excepción en el caso de que existan sospechas de que esa relación pueda estarse utilizando con fines delictivos.
Únete a EL PAÍS para seguir toda la actualidad y leer sin límites.
Suscribir
El pasado viernes, la jueza del distrito de Washington Beryl Howell dijo que Corcoran debía testificar por segunda vez ante el gran jurado. En la primera ocasión, el letrado se había acogido al principio de confidencialidad para rechazar contestar a varias de las preguntas que le hieron los impuestos. Esta vez, Howell consideró que los impuestos habían demostrado que había mínimos suficientes como para anular ese principio. Según la cadena de televisión ABC, la primera en informar de estos acontecimientos, la jueza consideró que Trump ocultó un sabiendas a su abogado que guardaba material más confidencial.
Los letrados de Trump llamados en unos días complicados para el expresidente. Este pasado fin de semana, el mandatario lanzó en las redes sociales que el martes se le presentarían cargos y quedaría detenido en el caso abierto el fiscal Alvin Bragg de Manhattan por el pago de 130.000 dólares a la actriz de cine porno Stormy Daniels a través del antiguo abogado personal y factótum del magnate, Michael Cohen, para comprar su silencio en 2016, en plena campaña presidencial. El gran jurado que analiza este último asunto no volverá a reunirse hasta el lunes, por lo que decisión de una imputación de Trump, que sería la primera contra un ex-presidente en la historia del país, se aplazará al menos hasta entonces.
En el caso de los documentos clasificados, todo se ha desentrañado a insólita velocidad en Washington y en los tribunales federales. El martes, un tribunal de apelaciones de tres magistrados en la capital de EE UU ordenó a las partes ―al fiscal especial ya los abogados de Trump― que presentaran sus alegatos en cuestión de horas. El plazo venció este miércoles a las seis de la mañana, hora local.
cumplieron. Los representantes legales del expresidente asentaron sus argumentos en un archivo de 6.455 palabras. Pero en la tarde del mismo miércoles, el tribunal de pelaciones emitió su decisión: no aceptó los argumentos de los abogados de Trump. Se encontrarán, por ende, los de los impuestos del Departamento de Justicia. El principio de confidencialidad permanecerá cancelado: Corcoran y Little deberán declarar y presentar sus documentos, incluidas las grabaciones, ante el gran jurado.
Sigue toda la información internacional en Facebook allá Gorjeofrecuentemente boletín semanal.