La ciudad de Nueva York pagará más de $20,000 a unos 320 manifestantes que fueron víctimas de una controvertida operación policial en el Bronx en junio de 2020 durante manifestaciones contra el racismo que siguieron a la muerte de George Floyd y que se habían visto empañadas por la violencia, según un tribunal documento.
Durante semanas después de la muerte de este afroamericano, asesinado el 25 de mayo de 2020 por un policía blanco, Minneapolis (Nueva York), como otras grandes ciudades de Estados Unidos, había visto a miles de personas salir a la calle a protestar contra el racismo. .
Algunas manifestaciones habían degenerado en escenarios de saqueos y se había denunciado la violencia policial, especialmente en las megalópolis de la costa este estadounidense. A principios de febrero, una comisión municipal encargada de tramitar las denuncias había recomendado sanciones disciplinarias contra agentes de policía en 146 casos de violencia, abuso de autoridad o insultos.
“Fuerza excesiva”
L’accord conclu par la ville de New York, qui doit encore être validé par la justice fédérale, ne concerne qu’une manifestation, le 4 juin 2020 dans le Bronx, selon un document judiciaire versé mardi à la procédure et publié mercredi par des medios de comunicación. Se acusa a la policía de haber utilizado ese día una técnica de cerco para impedir cualquier movimiento de los manifestantes, “arrestados y acusados sin justa causa, y sometidos a fuerza excesiva”según el mismo documento.
En su informe, la comisión de la ciudad había investigado este caso y tenía en particular quejas contra “unos policías subiendo a vehículos y golpeando a los manifestantes con porras”el uso indiscriminado de gases lacrimógenos y esposas.
Preguntada por la Agence France-Presse, la policía de Nueva York respondió que estas denuncias se producen tras “arrestos” para algunos “violaciones del toque de queda” luego en su lugar a las 8 p.m. y decidido por el entonces alcalde Bill de Blasio (Partido Demócrata) después de incidentes en protestas anteriores.
La policía dice que fue“un momento dificil” para sus agentes, en el contexto de la pandemia de Covid-19, y que tenían “todo para facilitar el derecho a la expresión pacífica, frente a actos de anarquía”. No obstante, se añade tener “rediseñado” su política y capacitación para vigilar protestas a gran escala.
