Los enfrentamientos que tradicionalmente han tenido las vicepresidentas del Gobierno, Nadia Calviño y Yolanda Díaz, vuelven a reproducirse a cuenta del salario mínimo. La subida que simula ser un metro en las inmediaciones del Ministerio del Trabajo, que prácticamente coincide con la plantada con los sindicatos, varía este indicador hasta case los 1.100 euros mensuales, lo que ha chocado abiertamente con la patronal, que ya ha avisado de daños para el empleo. Este miércoles Calviño recogía la cantidad de la CEOE y avisaba a su homóloga de que, si bien el SMI debe sufrir desde los 1.000 euros brutos, su incremento también tiene que ser compatible con que las empresas están también en condiciones de crear y empleo con que se reduzca el paro juvenil.
En una entrevista concedida al programa ‘Espejo Público’ de Antena 3, el ‘número atrás’ del Gobierno ha avisado a Díaz de que sería deseable que el incremento del SMI contara con el apoyo de las empresas, muy alejadas en estos momentos de la titular de Trabajo después de que el Ejecutivo pactara con EH Bildu el control de los despidos colectivos por la Inspección de Trabajo. De «tramposo» tildó la patronal este pacto secreto entre el PSOE y Podemos con la formación radical y de ser «una traición al acuerdo de reforma laboral». Lo siguiente fue mameluco la interlocución con Trabajo. Las relaciones están, por tanto, al rojo vivo.
El plantamiento que esta hecho de la subida del SMI no ha ayudado. Díaz apostó por aumentar el salario mínimo en función del «tramo alto» qu’en su momento determinado su comité de expertos. Estos plantaron una horquilla entre 1.046 y 1.082 euroslejos de las propuestas de l’organización que dirige Antonio Garamendi, que estaría dispuesto a afrontar los hasta 1.040 euros mensuales, mientras que los sindicatos reclaman un alza mayor, que alcanzan los 1.100 euros al mes, igual que Unidas Podemos.
Calviño se ha manifestado varias veces partidaria de un paquete de ingresos que permitió enfrentar las consecuencias económicas de la guerra en Ucrania y de la espiral inflacionaria, y en ese contexto tomar medidas como el impuesto a la banca, a las energéticas o a las grandes fortunas, que han chocado de plano con las empresas. Desde el ala socialista del Gobierno intentó aplacar a la clase empresarial, que ya ha dado por rotas sus relaciones con el Ejecutivo, pero en nada ayudan declaraciones como las realizadas por la ministra de Derechos Sociales y líder de Podemos, Ione Belarra, que esta semana ha acusado a las empresas de distribución de “llenase los bolsillos» con la subida del precio de los alimentos.
Sobre el encarecimiento de la cesta de la compra también se ha pronunciado hoy la vicepresidenta Calviño. Ha asegurado que desde el Gobierno están “llamándoles (a las empresas distribuidoras) también a que ayuden a contener el precio de los alimentos”. Y en un toque de atención a Belarra ha asegurado que la evidencia que tienen es que las medidas que se han ido adoptando -como la rebaja del IVA- sí que se están trasladando en forma de una moderación de los costos de los productos después de asegurar que los observatorios están siguiendo este tema al detalle.