Se trata de una primicia jurídica: el martes 5 de diciembre, La Poste recibió la orden de mejorar la aplicación de la ley de 2017 sobre el deber de vigilancia de las empresas en materia de riesgos humanos y medioambientales, en un caso que implica el empleo de trabajadores indocumentados por parte de subcontratistas.
Por tanto, el grupo, cuyo capital está controlado en un 66% por la Caisse des Dépôts y en un 34% por el Estado, tendrá que mejorar su «mapeo de riesgos» y los sistemas de seguimiento y alerta destinados a complementarlo. A l’origine de cette décision, la mise en demeure de La Poste, en 2020, par le syndicat SUD-PTT, qui considérait que les documents publiés par l’entreprise ne répondaient pas aux exigences légales, entre autres en matière de recours à la subcontratación.
“En 2019, un colectivo de la plataforma Chronopost de Alfortville (Val-de-Marne) nos alertó de que allí trabajaban inmigrantes indocumentados, subcontratistas de la empresa Derichebourg, en turnos de noche. intercambiando papeles e insigniasexplica Nicolás Galépides, director federal del SUD-PTT. Y dos años más tarde, el mismo patrón volvió a ocurrir en DPD, una filial de La Poste. »
“Procedimientos de evaluación de subcontratistas”
Sobre la utilización de inmigrantes indocumentados, el tribunal judicial de París señala, entre otras cosas, que el mapa de riesgos establecido por La Poste “de ninguna manera pone de relieve la existencia de riesgos relacionados con el trabajo ilegal”lo que justifica exigirle que establezca “procedimientos de evaluación de subcontratistas en función de los riesgos específicos identificados”. “El mensaje que envía el juzgado a la empresa es: ‘Hay que ponerse a trabajar’”concluye Galépides.
Sin embargo, el tribunal rechazó varias solicitudes del SUD-PTT. En particular, se negó a obligar a La Poste a hacer pública la lista de sus subcontratistas y proveedores y a imponerle la aplicación de medidas para impedir el trabajo oculto.
También se rechazó la solicitud del sindicato de una sanción económica de 50.000 euros por día de retraso en la mejora del plan de vigilancia, al tomar nota el tribunal de una “Desarrollo notable, como parte de un proceso dinámico de mejora” desde 2021.
El grupo público, que tomó nota de la sentencia sin comentar inmediatamente sobre un posible recurso, lamenta que la ley de 2017 no haya sido “no es objeto de ningún decreto de aplicación ni de directrices, lo que deja a las empresas sujetas a él en una gran inseguridad jurídica” a la espera de la adopción de una directiva europea en este ámbito.