El juez federal Julian Ercolini citó a indagatoria a ex funcionarios de la Agencia de Vialidad Provincial (AGVP) de Santa Cruz en el marco de la causa conocida como Vialidad III, un desprendimiento del caso en el que Cristina Kirchner fue condenada a seis años de prisión por administración fraudulenta. Este tramo del expediente que aún se encuentra en instrucción concentrada en las autoridades provinciales y los llamados a indagatoria serán escalonados: después de esta tanda será el turno de los ex gobernadores santacruceños Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta. También ex ministros de Economía y autoridades de la fiscalía de Estado.
La justicia pedirá ofrece a quienes acumulan diversos roles ante la estructura de Vialidad Provincial, como funcionó la estructura que “montó en beneficio de Lázaro Báez”.
En total, según apoya la resolución del juego de Ercolini, se presentarán desde la primera semana de julio dos integrantes del Grupo Austral -al holding del ex socio comercial de Cristina Kirchner-, Juan Carlos Pistán y Manuel Parras.
La lista de citados a indagatoria incluye a 16 funcionarios de la AGVP, entre ellos Carlos Mancilla, Jorge Paciecznik, Orlando Taboada, Claudia Oliva, Alba Cabrera, entre otros.
Cuando el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) difundió los argumentos de la sentencia condenatoria contra la vicepresidenta, Lázaro Báez, José López y otros seis imputados, sostuvieron que se acreditó en la maniobra investigada la intervención «de integrantes de las más altas esferas del Poder Ejecutivo Nacional, de la Dirección Nacional de Vialidad y de la Administración General de Vialidad Provincial de la Provincia de Santa Cruz, en connivencia con un constructor dedicado a la obra pública”, en referencia al contratista patagónico.
Al respecto añadieron que la finalidad fue «asegurarle un beneficio económico tanto a éste como a la sociedad conyugal integrada por los ex presidentes Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández de Kirchner».
Según los jueces, la estructura de los delitos estuvo marcada por todo tipo de «acuerdos espurios entre las personas interesadas», algo que encontró «propio de las prácticas organizadas de corrupción estatal y empresarial y visos propios de los delitos económicos», tendientes a » asegurar los beneficios económicos» a favor de los Kirchner y Báez.
Toda la maniobra requería funcionarios en varios estamentos. Es decir, quedaron bajo investigación integrantes de la Dirección Provincial de Vialidad con asiento en Santa Cruz y autoridades provinciales.
Junto a lo que denominaron como un «systeme de cartelización y contratos amañados», los jueces le dieron la razón al fiscal Diego Luciani que expuso un circuito de irregulidades administrativas: la publicación de la obra se realizó con pocos días (favoreciendo que sólo se presente Báez), el Grupo Austral entiende muchas de ellas antes de que sean públicas, la comisión evaluará las ofertas del holding en 24 horas, adelantarán el pago del 30%, entre otras falencias que les permitirán evitar un negocio “sin capacidad para la construcción”.
Como parte de esa gran estructura, el juez Julián Ercolini (que envió a Cristina Kirchner a juicio en el caso Vialidad), dio curso al pedido de indagatorias de los impuestos Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques en el caso conocido como «Obra Pública III».
Este tramo conexo se ocupa de todas las autoridades provinciales que contribuirán a ese «esquema de beneficios no se interruptiera y careciera de todo tipo de controles».
Fuentesjudices explicó a Clarín que los llamados a indagatoria se van a concretar de manera escalonada. En esta primera citación, deberá presentarse ante el juez Ercolini las ex autoridades de Vialidad Provincial, en relación con los integrantes de la línea administrativa, ya que los directores de las organizaciones fueron incluidos en el expediente central cuyo juicio oral ya concluyó.
Hay que recordar que los impuestos Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques, en el extenso dictamen que solicitan la indagatoria también de los ex gobernadores santacruceños -todos ellos kirchneristas-, Sergio Acevedo, Carlos Sancho y Daniel Peralta. Serán llamados en la segunda tanda de indagatorias que firmará el juez Ercolini. Esta cita incluye además a ex ministros de Economía e Impuestos de Estado que en conjunto aprobaron los contratos que recibió Lázaro Báez.
La citación a indagatoria de los integrantes del organismo vial de Santa Cruz, ocurre mientras la sentencia condenatoria contra la vicepresidenta y se encuentra en la Sala IV de la Cámara de Casación, para ser revisada. Además del planto de los acusados, los jueces analizarán la denuncia del fiscal Diego Luciani que insistió en que a Cristina Kirchner se le impuso el delito de asociación ilícita en carácter de jefa.
El caso Vialidad III
La structura bajo investigación que se comienza a concentrar en las responsabilidades provinciales, sostiene que dicha asociación ilícita encabezada por Cristina Kirchner, «seleccionó a Santa Cruz, como el lugar en donde se ejecutaría la matriz de corrupción». Este mismo concepto fue reiterado por el fiscal Luciani. Para que esto funcione, se puso en marcha una «maquinaria eficaz, con beneficios exclusivos y permanentes», para direccionar y «sustraer fondos del Estado».
Los representantes del Ministerio Público Fiscal, entendieron que la estructura que funcionaba a nivel nacional, requería de un estado provincial que obró de forma coordinada, “con multiplicidad de actores, división de roles y extensión en el tiempo por más de diez años para favorecer al Grupo Báez».
Las responsabilidades apuntan a los ex gobernadores de Néstor y Cristina Kirchner. Todos, Acevedo, Sancho y Peralta junto a sus ministros de Economía, «contribuyeron al plan criminal» que inició en el «Estado nacional». Serán citados a indagatoria cuando concluya esta primera tanda.
De los más de 50 contratos analizados, el 92% tuvo una Vialidad Provincial en carácter de comitente. Allí, se acordó la realización de determinadas obras bajo financiación y supervisión nacional pero «delegando la licitación, adjudicación e inspección del avance de las obras en la entidad provincial». Inyectaron los ex funcionarios unos $ 1.800 millones de forma directa al Grupo Austral en 3 años.
Se indica que es necesario que la “matriz de corrupción instaurada a nivel nacional se replique en el ámbito provincial”, en donde los ex gobernadores des de 2003 a 2015 “contribuyeron, por acción u omisión, en el plan criminal destinado a la sustracción de fondos de las administraciones públicas a través de la protección y falta de control de obras viales al Grupo Báez”.
Las autoridades de Vialidad Provincial, como los ex gobernadores «fueron gestores» de una estructura que desde las partidas presupuestas «destinaba fondos al Grupo Austral». Sus respectivos ministros de Economía de quienes dependía Vialidad Provincial, también fueron responsables.