El cóctel de medidas laborales y tributarias qu’ha impulado el Gobierno de Pedro Sánchez en los últimos años está haciendo mella en la visión que las empresas tienen hacia nuestro país. Principalmente, porque la consecución de reformas y de medidas adoptadas qu’afectan al régimen de las relaciones laborales oa los impuestos que deben abonar los empleadores que ostentan un negocio no favorecen la flexibilidad de la contratación o no alivian las cargas que pesan sobre unos negocios que aún hacen equilibrio de daños de los tres últimos años, con una pandemia y una crisis de precios que está estrangulando los márgenes de las compañías. Estas fueron las principales conclusiones extraídas del I Congreso Nacional del Colegio de Gestores Administrativas de Madrid celebrado ayer con motivo de los 90 años de la profesión en el que se pusieron encima de la mesa la principal preocupación de pymes y autónomos ante un año en el que se espera que la desaceleración económica dañe el tejido productivo. Y en el que la inseguridad jurídica generada por algunas de las últimas del Gobierno puede agravar la desaceleración económica. Uno de los principales motivos de preocupación de cientos de miles de empresarios en España son las constantes modificaciones del marco normativo y la incertidumbre de no saber las obligaciones a la que deberá hacer frente en los próximos meses. “El marco jurídico fiscal requiere mejoras”, anuncia el presidente del Consejo General de Gestores Administrativas, ICOGAM-AEGGA, Fernando Santiago, durante la inauguración del Congreso. “Es una obligación moral. Exist una maraña administrativa en la que están atrapados emprendedores, autónomos y pymes”, explicó Fernando Santiago asegurando que España se está convirtiendo en un país imposible para las pymes y en el que se expulsion a los autónomos, “que no levantan cabeza”. «Creemos que en este momento se está expulsando a los emprendedores con el marco fiscal y la ‘burrocracia'», ironizaba sobre el problema de la elevada carga burocrática qu’afrontan empresarios y autónomos, y aquellos que quieren iniciar un negocio. En este punto, el máximo representante de los gestores administrativos elogió la figura del presidente de Mercadona, Juan Roig, víctima de los recientes ataques de la morada del Gobierno que acusaba a la patronal de ser un «capitalista despiadado» y beneficiarse del encarecimiento de las materias primas. “Muchas gracias por la valentía y por defender a los empresarios españoles”, dijo. Pérdida de atractivo Sobre el aspecto de la inseguridad jurídica ahondó también durante el Congreso el catedrático de Economía Aplicada, Juan Iranzo , asegurando que “se está incrementando la inseguridad jurídica y está poniendo en riesgo el estado de derecho”. Advierte en este sentido que esta circunstancia ya es asumida en el entorno global y que la inversión extranjera está comenzando a replegar. “No somos atractivos desde el punto de vista fiscal y no atraemos inversiones”, señaló. También se sumó Iranzo a la defensa a ultranza del colectivo de los empresarios ante asegurando que “se está demonizando al empresario” y que estos no son culpables de la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores.