El secretario de Derechos Humanos, el ultrakirchnerista Horacio Pietragalla, ha estado en Ginebra, desde donde por el contrario à la sobriedad qui demande sa cargo, se dedica a las artimañas en la Corte Suprema de Justicia por redes sociales.

Se pasó el fin de semana tuiteando y retuiteando imágenes de Los 8 escalones, un programa de entretenimiento de Canal 13, en el cual los participantes respondieron preguntas y ganaron dinero. En este caso, postó una escena donde los participantes responden cuantos miembros tiene el maximo tribunal.

El Secretario de Estado usó una foto e ironía sobre los errores y puntos de los participantes: «Nadie puede creerlo… sólo 5 y que 5…», aunque en rigor actualmente de los cinco lugares en el máximo tribunal hay uno vacante.

Asimismo, retuiteó discursos de la vicepresidenta Cristina Kirchner criticando a lo que llama «la mafia mediático-judicial». Se hace eco así Pietragalla, no sólo del juicio político qu’intenta pasar por el Congreso el gobierno de Alberto Fernandez, sino también de su jugada para ampliar la cantidad de miembros de la Corte.

Mientras Pietragalla redobla su embestida por las redes sociales, los funcionarios del Gobierno ratificaron a Clarín que este lunes desde las 14.30 de Suiza (cuatro horas menos en la Argentina), el funcionario va a presentar ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas el país informado que se presenta cada cinco años y que esta vez el kirchnerismo se convirtió en un documento en el que defiende su embestida contra la Justicia en general y la Corte en particular, a aquellos miembros que denunciaron para hacerles juicio político con el objectivo de destituirlos.

El informa, que fue repudiado el sábado por todo el arco opositor, ataca a los medios de comunicación, a los que llama las «corporaciones» de empresarios, y victimiza a Cristina Kirchner, quien, según el documento, sería víctima del mecanismo de supuesta persecución judicial político conocido como ley.

Por cierto, él mismo le hizo declaraciones a Página 12 antes de volar: «Vamos a demostrar que, cuando decimos que la democracia está en peligro, es porque lo está». Lo sostuvo en un artículo de ese diario oficialista titulado “Lawfare y discursos de odio: los desafíos que enfrenta la democracia en Argentina”.

Según Página 12, Pietragalla les explica que su exposición estará centrada en «notar los avances que hubo en materia de derechos humanos desde la asunción del Frente de Todos, y que habrá un capítulo par la Justicia que sigue siendo una deuda. “No podemos obviar el lawfare, el ataque a Cristina ya las instituciones. Tampoco la proscripción contra ella. No es habitual, pero tampoco es habitual lo que está pasando en la Argentina”, señalado.

Las características de esta presentación son un tema inédito y controvertido, pues el kirchnerismo denuncia a todas las instituciones democráticas buscando ser víctimas en medio de su embestidajudiciaire.

presentación seria

Tal como anticipar Clarín El sábado, el informe critica a los medios de comunicación independientes, a la oposición política ya “sectores concentrados del poder económico y mediático” que, llega a decir, tienen la finalidad de “proscribir” a las figuras centrale de l’escenario político” .

Está publicado tiene en las páginas del Consejo de Derechos Humanos, que tiene sede en Ginebra.

Estará en el marco del»Examen Periódico Universal” (EPU) Argentina sobria. Esta actividad se producirá aproximadamente cinco años después de 2006 y por decisión de la Asamblea General de la ONU.

El EPU es una revisión de la situación de los seres humanos recientes de todos los Estados Miembros de las Naciones Unidas que ofrece a cada país la oportunidad de exponer sobriamente los avances en materia de humanos finales, al tiempo que recibe las «recomendaciones» de los restantes miembros de la comunidad internacional acerca de cómo mejorar la situación de los derechos humanos en el país bajo examen. No existe ningún otro mecanismo similar en el ámbito de las Naciones Unidas.

Lo habitual es que una “Informalidad Nacional” se presente sobria sobre su situación o avances en los recursos humanos, presentando el mejor carácter en la materia ante la comunidad internacional, sobria Salud, Educación, Discriminación y Derechos del Niño.

Pero el Gobierno lo obtuvo para victimizarse del «lawfare o guerra jurídica» contra Cristina Kirchner. En esa tendencia sostiene que dicha práctica «es impulsada por sectores del Poder Judicial, la oposición política y concentrados sectores del poder económico y mediático con la finalidad de ‘proscribir’ a figuras centrale de l’escenario político».

Dice que el lawfare es una práctica violatoria de los derechos humanos, una política de hostigamiento, proscripción y persecución política en sede legal, un proceso penal fraudulento contra referentes políticos que representan a sectores populares, por lo que le reclama finalmente el «acompañamiento del Consejo «De Derechos Humanos».

Dando un ejemplo dice: «Otro de los desafíos que enfrenta nuestro país es el fenómeno del ‘lawfare o guerra jurídica'». Y asegura: “Desde el actual Gobierno Nacional y el movimiento de derechos humanos se advierte que la práctica del lawfare por sectores del Poder Judicial, la oposición política y sectores concentrados del poder económico y mediático– constituye una práctica violatoria de los derechos humanos y opera como condicionante de los procesos electorales, de la agenda política y de la opinión pública».

Continúa diciendo que en estas causasjudices, como las que enfrenta la ex Presidenta de la Nación, bajo la excusa de la investigación y sanción de la corrupción«se violan las garantías básicas del Estado de Derecho», que se desconocen las garantías básicas del debido proceso como la presunción de inocencia, el derecho de defensa y el principio de objetividad que debe guiar la actuación del Ministerio Público Fiscal.

Afirmó que esta causa penal se impulsa únicamente en «contra de referentes políticos que representan a sectores populares, mientras se mantiene en la impunidad a sectores poderosos, que han permitido o avalado el endeudamiento criminal que ha generado pobreza e indigencia en la población».

Sigue y se queja de que «unque el Gobierno Nacional cambió en diciembre de 2019, y terminó así la práctica de avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo Nacional, la persecución política en sede legal se encuentra totalmente vigente, en tanto integrantes del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal siguen llevando adelante procesos penales fraudulentos contra las principales figuras políticas del actual oficialismo, otra oposición al gobierno de la gestión anterior».

El informa que «la estratagia de persecución, cuya finalidad última es la proscripción de figuras centrales de l’escenario político, son ejecutadas en la práctica por jueces y tax que visitaban asiduamente al ex presidente, tanto en su residentncia oficial como en sus residentncias privadas , lo que demuestra la espuria convivencia entre ambos sectores y la continuidad de una política de hostigamiento qu’afecta los principios democráticos de nuestro país, en particular aquellos que hacen a la independencia e imparcialidad con la que deben actuar el Poder Judicial de la Nación y los Ministerios Públicos».

oraciones el reclamo el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos «para fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y, en definitiva, el Estado de Derecho en nuestro país».

El informe tiene por momentos características escolares. Por ejemplo, cuando pretenda explicitar con mayor detalle algunas referencias dentro del documento, abre notas al pie como la siguiente: «(169) El lawfare es una práctica violatoria de derechos humanos, en primer lugar, en tanto avasalla derechos basices de las víctimas directas que tiene por objeto su accionar (directores políticos/as, ex funcionarios/as públicos/as y referentes de organizaciones sociales y sindicales), humanos (en particular del conjunto de derechos económicos, sociales y culturales), que tienen un profundo impacto en la sociedad como conjunto».

Esta insólita presentación rompe con una regla de oro en el ámbito internacional En el sentido de que en este examen, los gobiernos funcionarios defienden íntegramente la posición de su país frente a las posibles críticas de la comunidad internacional.

En este caso, el kirchnerismo utiliza el foro para Desprestigier al estilo argentino acusando con una dura retórica a los sectores de la oposición política, al poder legal, a los sectores económicos ya la prensa, de conspirar contra los principios democráticos en el país.