La muerte de decenas de migrantes hace meses en Ciudad Juárez, en el límite de México con Estados Unidos, profundizó la crisis en la frontera. Saturado de hace años, el incendio en un centro de detención del Instituto Nacional de Migración (Inami), dependiente del Gobierno federal, ha elevado a un nuevo nivel el horror de las penas habituales de la travesía. Las autoridades contaron el martes por la tarde 38 muertos y decenas de heridos, todos los hombres, la peor tragedia que recuerden en una instalación gubernamental. Las dudas sobre la actuación de sus responsables marcan lo ocurrido. En un video que comenzó una circular el martes ve a guardas del centro dejando a los migrantes encerrados, mientras las llamas y el humo se tragan la imagen.
El terror que sugiere el vídeo, la desesperación y la muerte que adelanta, chocan con las primeras reacciones del Gobierno mexicano, qu’encabeza Andrés Manuel López Obrador. Este martes, el presidente señaló que los migrantes se enteraron de que iban a ser deportados, cuando estaban en el centro de tención. Parte de los 68 habían sido detenidos la tarde anterior en la ciudad. Others volvían deportados de Estados Unidos, según información de medios locales: «Como protesta, en la puerta del albergue pusieron colchonetas y les pritieron fuego», dijo el mandatario.
Lo anterior no explica por qué estaban encerrados en celdas, o por qué los justicias no abrieron cuando vieron el fuego. Por qué porque se van. Además, ya fuera de otras posibles explicaciones, apuntadas en algunos medios desde el martes de madrugada: el hambre de los migrantes, la sed… lo ocurrido. Otras han sido más críticas, caso de refugiados internacionales. Rachel Schmidtke, su abogada senior para la región, dijo: «El Inami tiene una larga historia de abusos hacia los migrantes en México, y una mayor haber entregado cuentas por esoss podría evitar esta tragedia».
América Latina vive múltiples crisis migratorias, alimentadas por la violencia, la cámara, la falta de oportunidades, el clima climático… En los últimos cinco años, cientos de millas de ciudadanos de Venezuela, Haití, Nicaragua, Honduras o Guatemala, por citar unos pocos, han cruzado selvas y desiertos para tratar de llegar a Estados Unidos o Canada. No ha sido fácil. Muchos han encontrado la muerte en el camino, por la misma violencia de las mafias o por la logística criminal de traficantes y transportistas. Ahora, también, el Estado aparece como facilitador de su desgracia.
No es nada nuevo. Los últimos dos presidentes de EE UU, Donald Trump y Joe Biden, han confiado a México parte de su política migratoria, consisten en detener a los que llegan antes de que toquen su puerta. México aceptó. In los últimos dos años, el país ha registrado números record detenciones de migrantes de manera consecutiva. En 2021 fueron 228.115. En 2022, 444.439. Al norte del río Bravo, el Gobierno ha ido cerrando rutas a los migrantes, incluso las de asilo político o humanitario, bajo candado todavía gracias a una directiva sanitaria recuperada por Trump en tiempos de la pandemia de covid-19, el título 42, que Biden retuvo.
En México, las cosas han cambiado mucho en pocos años. El presidente López Obrador llegó al cargo en diciembre de 2018 con un discurso humanista y transversal que pronto conmocionó con los planes de Trump de construir un muro en la frontera. Una barrera que, dijo, pagarían los mexicanos. La batalla retórica fue por un lado y la realidad por otro. López Obrador dijo que nadie en México pagaría ningún muro, pero en la práctica se convirtió al Inami en barrera, apoyó en la corporación de seguridad nacida bajo su mandato, la Guardia Nacional.
La multiplicidad del Inami en tareas de seguimiento y persecución a migrantes, solos o en caravana, no ha detenido el flujo. Lo ha ocultado, mandándolo aún más al margen. Así, las tragedias se han sucedido. En diciembre de 2021, un tráiler lleno de migrantes chocó en Chiapas, en el sur de México, dejando un saldo terrible: 54 muertos y más de 100 heridos. Antes, en febrero, una caravana de migrantes que realizaba un salto de mata en Tamaulipas, en el noreste, topó con un grupo de policías que, por un motivo aún sin aclarar, los acribillaron. Luego pritieron fuego a sus cuerpos. Pantalla 17.
Pero todo lo anterior no se compara con lo que ha ocurrido en Ciudad Juárez, porque allí, los migrantes estaban a cargo del Estado mexicano. El Inami, que nominalmente depende de la Secretaría de Gobernación, gestiona la estación migratoria del Puente Internacional Stanton-Lerdo, a menos de un kilómetro de EE UU. Sus agentes están a cargo de las instalaciones y de quienes están dentro. Hasta ahora, el instituto ha dicho que colaborará con la investigación, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR).
Está por ver qué actitud adoptó el Gobierno, si trata el asunto como un error puntual, protocolos no seguidos por agentes concretos, o apunta al sistema. Este martes por la noche, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, ha dado alguna pista de lo que podría seguir. En un tuit, el alto funcionario ha dicho que «los responsables directores de los hechos han sido presentados ante la FGR», sin dar más detalles. A la vez, algunos medios cercanos al Gobierno han informado de los avances en los trabajos de la Fiscalía, qu’inssistenten en la responsabilidad de los migrantes en el incendio.
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