Rodolfo Suárez advirtió que sus tierras con pozos petroleros y que hay una «política intencional» para perjudicar a la provincia. Habló de «complicidad del kirchnerismo con pseudo mapuches».

El gobernador de Mendoza, rodolfo suarez, adelantó que ir a la justicia obstaculizar la decisión del Gobierno Nacional de entre 25.000 hectáreas en las comunidades mapuche. En esas tierras, envíen, heno pozos de petroleo crudo no convencional que forman parte del yacimiento Vaca Muertaen el sur de la provincia.

El mandato de alerta provincial que en estas áreas se desarregló «una inversión millonaria para actividades de exploración y producción por parte de YPF». En este aspecto, denunció la «intención política» del gobierno del Frente de Todos de «perjudicar a Mendoza».

«Ya en descubrimiento la complicidad del kirchnerismo con estos pseudos mapuches“, denunció Suárez, anticipó que hará presentaciones legales ante el propio Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) y ante la Justicia.

» Está claro empeora la situación. No solo por ceder una zona llena de activos provinciales, sino porque ya en descubrir los interesados to dominate the recursos del lugar y detener el desarrollo hidrocarburífero, turístico, el empleo e inversiones proyectadas para el Sur”, concluyó el gobernador en una serie de tuits donde también mostró los mapas de las zonas en cuestión.

El fuerte rechazo por parte de la administración de Mendoza se refiere a la Resolución N°042/2023 publicada el pasado 27 de enero en el Boletín Oficial, en la cual el Gobierno nacional reconoce «la ocupación actual, tradicional y pública de la comunidad lof Suyai Levfv, perteneciente al Pueblo Mapuche, y que tienen asiento en localidades de los departamentos mendocinos de San Rafael y Malargüe».

El pasado lunes, el propio gobernador instruyó a las autoridades provinciales para que realizaran los procedimientos necesarios con el fin de declarar la inconstitucionalidad de las resoluciones nacionales por las cuales se le otorgan tierras en el sur de la provincia a comunidades mapuches.

Lo solicité «de manera urgente» en una nota enviada al asesor de Gobierno de Mendoza, Ricardo Canet.

Como saben, plantó que los actos administrativos de Nación fueron ejecutados «sin ninguna intervención ni participación de la Provincia de Mendoza»e insistió en que “el resultado de la vigilancia de los mismos afecta gravemente el patrimonio de la provincia”.

Día siguiente, los diputados nacionales de la provincia presentaron un proyecto por el cual solicitan que el Gobierno Nacional, a través del INAI, brinde detalles sobre el reconocimiento de la ocupación de tierras.

«Queremos saber por qué el Gobierno reconoce de manera expresa que esos territorios son de los pueblos originarios, siendo que aún no se ha determinado si son comunidades y ni siquiera tienen personería jurídica. Y por qué se resolvió que los territorios son ancestrales, ignorando lo que dice la justicia mendocina”, dijo Pamela Verasay (UCR).

La autora del proyecto también manifiesta su preocupación por la pérdida de personalidad jurídica y la ausencia de intervención en la provincia. “Hay una decisión de un organismo del Poder Ejecutivo Nacional que va en contra del Poder Ejecutivo Provincial”, agregó.

La iniciativa apunta a obtener mayor información respecto a la inscripción en el Registro Nacional de Comunidades Indígenas (RENACI), como así también los motivos por los cuales aún no se hubiera procedido a la inscripción, habiendo transcurrido más de 9 años desde el inicio.

El apoyo de Juntos por el Cambio

Alfredo Cornejo, Gerardo Morales y Miguel Ángel Pichetto fueron los primeros directos de la oposición en salir a manifestar su reclamo.

Al igual que Suarez, el presidente del interbloque de Juntos por el Cambio en el Senado apuntó que dentro del territorio que le cedieron a los grupos «autopercibidos mapuches» hay mas de 20 pozos petroleros.

El senador alertó también sobre «la falta institucional gravísima» del Gobierno. «Violan el derecho a la propiedad privada, ya que estas tierras poseen propietarios», cuestionó el legislador opositor.

Por su parte, el gobernador de Jujuy critica que el Gobierno «premió a los mismos pseudo mapuches que incendian y siembran la violencia en la Patagonia«. El radical calificó la situación como «un atropello a la soberanía nacional».

Por su parte, el exsenador y auditor Pichetto calificó el traslado como «una traición a la patria». Exclamó: «Muestra un desapoderamiento del territorio nacional y de nuestra soberanía. Si somos gobierno en el 2024 esto se fina».

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