Vie. Ene 27th, 2023

    Ley. a las 13:28

    HEC


    El exministro Campo y la exasesora de Moncloa Díez, por parte del Gobierno, completan la renovación del órgano de garantías junto con los presidentes de Sala en el Supremo Tolosa y Segoviano, elegidos por el Consejo General del Poder Judicial

    Como estaba pronosticado, el pleno del Corte Constitucional ha otorgado este jueves su aval a los cuatro magistrados elegidos por el Gobierno y el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuya toma de posesión en los próximos días asegura una mayoría de sensibilidad progresiva en este órgano hasta al menos junio de 2030. No se han producido sorpresas y todos ellos han obtenido el visto bueno de los once actuales miembros del órgano, que se han limitado a Comprobar que los candidatos cumplen con los requisitos legales para ser parte del tribunal.

    Se trató de una reunión de carácter gubernativo para verificar que los cuatro nuevos magistrados tienen nacionalidad española y son juristas de reconocido prestigio con más de 15 años de ejercicio profesional. Tanto el exministro de Justicia Juan Carlos Campo como la ex asesora Laura Díez, por parte del Gobierno, y los que presidentes de Sala del Tribunal Supremo César Tolosa y María Luisa Segoviano, por el Consejo del Poder Judicial, cumplen con estos requisitos.

    Eso se dice que la reunión se convertirá en un mero trámite, salvo en la renovación anterior, en noviembre de 2021, uno de los magistrados, cuya identidad no trascendió, mostró su oposición a los designados entonces (Enrique Arnaldo, Concepción Espejel, Inmaculada Montalbán y Ramón Saez) voto en contra.

    A este trámite seguirá su toma de posesión, aunque antes debe publicar sus nombramientos en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y realizar el acto de jura o promesa ante el Rey. Una vez se solventen todos estos pasos, el Tribunal Constitucional pasará a tener siete miembros en su sector progresivo frente a cuatro de sensibilidad conservadora, lo que supone un cambio radical respecto a la situación actual.

    Ahora solo quedaría pendiente sustituir a otro de los magistrados, Alfredo Montoya, nombrado en su día a propuesta del PP por el Senado y que en julio dejó el tribunal por cuestiones de salud. Sin obstinación, la falta de acuerdo entre el PSOE y ahí polipropileno para renovar esta plaza es el mismo que se arrastra para la designación de los nuevos vocales del Consejo del Poder Judicial, caducado hace más de cuatro años, y sin visos de resolución.

    Temas colgantes

    Este Constitucional de la mayoría progresiva estudiará recursos pendientes de resolución como son las últimas reformas de la Ley Orgánica del Poder Judicial -para prohibir los nombramientos en la cúpulajudiciaire del órgano de gobierno de los jueces que esté caducado y para poner un plazo legal para las renovaciones del propio TC-la ley catalana que eliminó la cuota del 25% de castellano en las aulaso contra normas de gran trascendencia social como luna ley sobreviviente del aborto Oh allí Ley de la Eutanasia.

    Otros recursos a la espera de fallo en el Constitucional son los presentados por Vox, el PP y Alberto Casero contra determinadas decisiones de la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, adoptadas tras la votación del 3 de febrero de 2022 sobre la reforma laboral, que salió adelante por 175 votos a favor frente a 174 en contra, siendo clave el emitido telemáticamente por el diputado ‘popular’, que se sumó por error suyo a los síes.

    El TC también admitió, pero no resolvió, las impugnaciones del Gobierno madrileño de Isabel Díaz-Ayuso y Vox contra el decreto de ahorro energético aprobado el pasado agosto; así como las impugnaciones contra la nueva ley educativa, la LOMLOE, también conocida como Ley Celaá –la ministra que la impulsó–.

    Igualmente, están pendientes los dos recursos de amparo presentados por la defensa del que fuera diputado de Podemos Alberto Rodríguez contra la sentencia del Tribunal Supremo (TS) y contra la pérdida del escaño.

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