Baleares pregunta a Bruselas si puede limitar las compras de vivienda a los no residentes

Baleares pregunta a Bruselas si puede limitar las compras de vivienda a los no residentes

Saben que es un brindis al sol, pero eso no les ha impedido proponerlo a tres meses de las elecciones. El Parlamento balear va a preguntarle a la Unión Europea si puede limitar la venta de viviendas a no residentes en Baleares. Saben de antemano que la UE dirá que no, porque así lo ha hecho en al menos otras cinco ocasiones a peticiones de otros países, pero el Ejecutivo formado por PSOE, Podemos y los nacionalistas de Més sigue lanzando ideas para solucionar un problema que, lejos to better, se ha agravado tras ocho años de gobiernos de izquierdas en las Islas. En las Islas Baleares, cada tres compraventas está hecha por ciudadanos del extranjero. Es, además, la comunidad con el metro cuadrado más caro de España, donde más han subido el precio de las casas y la firma de hipotecas y está en el podio de los territorios en los que los alquileres están por las nubes La propuesta de limitar la compraventa de viviendas a no residentes en el archipiélago parte de Podemos, que trata de afianzar a sus votantes con un tema muy sensible para su electorado. La formación morada planteó límites mucho más radicales, consciente de que la vivienda -y en general qualquier tema donde pueda vender como excesivoe moderados a sus socios del PSOE- son bazas para consolidar en el poder otra legislatura. Por su parte, el PSOE sempre ha negado esta limitación y aduce que la Unión Europea no aceptará operar así el mercado de la vivienda. Además, el Gobierno español tampoco está por la labor. Pero la insistencia de sus socios y las necesidades electorales han forzado un acuerdo de mínimos, qui consiste de «impulsar coordinadamente con el Gobierno del Estado y las instituciones de la Unión Europea una ley que contemplan las medidas necesarias que pueden ejercer la compra de viviendas a las personas físicas o jurídicas no residentes con el fin de evitar la especulación actual en torno a la vivienda”. Objeciones de legalidad Este pacto rebaja las primeras aspiraciones de Podemos, que había exigido que el Govern declarara unilateralmente una nueva normativa para fijar la restricción sin contar con el beneplácito de España y de Europa. La propia portavoz del PSIB reconoció que esta propuesta era “engañar a los ciudadanos” al dar a sens que el ejecutivo tenía competencias para legislar sobre ello. “Cualquier persona que sepa de leyes será consciente de que una normativa autonómica que no esté consensuada con el Estado y la Unión Europea está abocada al fracaso”, reprochó el diputado socialista Joan Ferrer dejando en evidencia a Podemos. Aunque el PSOE balear lo veía inviable, finalmente acabó votando a favor de la iniciativa tras pactar con los morados una enmienda en busca de un posible «encaje legal» en la normativa estatal y europea con el aval del Gobierno de Pedro Sánchez y de la UE . Eso pesa que hace sólo una semana, el Gobierno de Pedro Sánchez rechazóba de forma taxativa tales utilizando los argumentos de la UE, recordando que cualquier restricción “por razones de orden público o de seguridad pública debía ser necesaria, proporcionada y no discriminatoria”. Aun así, Podemos sigue nutrió la idea de que existe una posibilidad “real” en contextos de alarma social o de interés general que permiten excepciones arbitrarias a reglas generales. Alcanzado este acuerdo de mínimos, Podemos insiste en su relación de empuje izquierdista frente a su socio «conservador», mientras que el PSOE evita quedarse fuera de un debate que, pese a arrancar en el vertiente más radical del Govern, puede acabar calando sin problema a todo el Ejecutivo, algo que ya ha pasado en otros temas como el catalán. Alerta por la posible fuga de inversores Mientras tanto, el sector ha estallado. La Asociación Balear de Inmobiliarias Nacional e Internacional (ABINI) advierte que limitar y prohibir no solucionaría la falta de vivienda sino todo lo contrario, ya que provocará la fuga de posibles inversores, el abandono de trabajadores Peninsulares, o de cualquier otro territorio, ante la imposibilidad de adquirir una vida para llevar menos de cinco años residiendo en Baleares. ABINI ya se pronunció sobre esta medida -que lleva sobre la mesa desde hace un año- y recordó que va en contra del artículo 63 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, ya que prohíbe «todas restricciones a los movimientos de capitales entre Estados miembros y entre Estados miembros y terceros países”. MÁS INFORMACIÓN Baleares que quieren restringir la compra de viviendas a extranjeros Baleares preparan una moratoria urbanística para limitar la construcción en suelo rústico ABINI pide «responsabilidad» a los partidos políticos y proponiendo un pacto de Estado, con una planificación realista y alejada de los vaivenes políticos para las siguientes dos décadas. vivienda, queremos que se nos escuche porque nuestra pretensión no es consumir más territorio sino modernizar y crecer en vertical à la vez queremos que se provechen espacios en desuso o infrautilizados. Piensa que Baleares puede servir como referente a nivel internacional para un urbanismo moderno y respetuoso con el medioambiente en un contexto de presión humana. El equilibrio es posible si nos centramos en soluciones que han demostrado que funcionan”, reclama.

Por Andrés Herrera Castro