El reporte producido por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha expuesto la supuesta participación de la empresa multinacional Acciona en una red de corrupción dirigida desde la dirección del Partido Socialista. De acuerdo con los investigadores, la compañía podría haber pagado cientos de miles de euros en comisiones ilegales para obtener contratos públicos de gran magnitud, en un esquema gestionado directamente por Santos Cerdán, antiguo secretario de Organización del PSOE.
Superan los 600.000 euros en pagos no regulares
La UCO documenta el pago de al menos 620.000 euros en mordidas vinculadas a adjudicaciones específicas a favor de Acciona. Las cantidades fueron canalizadas, según el informe, a través de intermediarios cercanos a José Luis Ábalos y a su entonces asesor Koldo García. Todo ello, bajo la supervisión directa de Santos Cerdán, a quien los agentes señalan como el encargado de coordinar los montos, los destinatarios y el calendario de los pagos.
Además, se investiga una segunda remesa de aproximadamente 450.000 euros correspondiente a otros contratos adjudicados más recientemente, lo que indicaría la continuidad del esquema corrupto incluso tras los primeros indicios públicos de irregularidades.
Propuestas adaptadas a medida
Los contratos cuestionados pertenecen a proyectos de gran envergadura en obra pública —como infraestructuras de ferrocarriles, autovías y sistemas urbanos— entre los años 2018 y 2021, en áreas administradas por el PSOE. La UCO indica que los términos técnicos de estos concursos estaban elaborados de manera que se adaptaban casi exclusivamente a la propuesta de Acciona, eliminando cualquier competencia real.
El documento describe cómo se organizaban los acuerdos para asegurar la adjudicación a la compañía, mediante pagos establecidos previamente. Según los oficiales, era una “red perfectamente estructurada” en la que los dirigentes políticos participaban de manera directa para favorecer a ciertas empresas a cambio de ventajas financieras.
La función de Santos Cerdán
Uno de los elementos más destacados del reporte es cómo Santos Cerdán se ha destacado como pieza fundamental en la distribución y administración de los sobornos. La Guardia Civil afirma que Cerdán no solo estaba al tanto del sistema de pagos, sino que desempeñaba una función directiva en su implementación. Las conversaciones registradas muestran cómo se fraccionaban, discutían y repartían las sumas, de acuerdo al contrato concedido.
Cerdán se posiciona como el nexo central que conecta al PSOE con las compañías favorecidas por la red, siendo el principal enlace con el poder institucional.
Respuestas y quietud institucional
Ante la solidez del informe, Acciona ha comunicado la puesta en marcha de una revisión interna, desmarcando a su equipo directivo actual de los sucesos examinados. No obstante, el perjuicio para su reputación ya ha ocurrido. La implicación de un antiguo directivo de la compañía en los documentos examinados por la UCO ha avivado nuevamente la discusión sobre la relación entre las grandes empresas y la esfera política.
En tanto, el Gobierno permanece callado. La dirección del PSOE opta por no comentar un asunto que ha llevado a la renuncia de varios altos funcionarios y que podría debilitar aún más la credibilidad del Ejecutivo.
El informe de la UCO confirma lo que hasta ahora eran sospechas dispersas: que una de las principales constructoras del país habría participado en un sistema corrupto para asegurarse contratos públicos, orquestado desde el corazón del partido que gobierna España. Si se confirman judicialmente los hechos, se trataría de una de las tramas de corrupción más graves de los últimos años, tanto por la magnitud económica como por el nivel jerárquico de los implicados.
Este episodio no solo involucra a Acciona, sino que también cuestiona el empleo del poder institucional para fines individuales. El futuro mostrará si las repercusiones políticas estarán acordes con la seriedad de los descubrimientos realizados.
