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Ante la comisión de Juicio Político, denunció que Horacio Rosatti no convocó a la lamada «comisión interpoderes» que busca acelerar los juicios por la represión ilegal. Pero fue el propio Gobierno que, a través de una carta, cortó ese vínculo en el 2020.
Kirchnerismo fiesta, la semana pasada, la presentación de Pablo Llonto, abogado querellante en juicios de lesa humanidad, con un nuevo pedido de juicio político contra el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Horacio Rosatti, por «una mala gestión en el impulso de los juicios de lesa humanidad». Lo es 14° pedido de juicio político contra la Corte.
Llonto dijo que es por sin convocatoria a la llamada la Comisión para la Coordinación y Agilización de las Causas por Delitos de Lesa Humanidad, conocida como «comision interpoderes»que tiene como objetivo «acelerar» los procesos que se siguen por los crímenes cometidos colgante la última dictadura militar.
Desde el embargo, en octubre de 2020, la Ministra de Justicia Marcela Losardo y el secretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, en un mapa oficial, informa que declinar la participación de una «convocatoria de la Comisión Interpoderes» hecha por la Corte y cortaron el vínculo institucional en forma unilateral.
Esa decisión unilateral de participar de la Comisión Interpoderes sin modificaciones de fuego desde ese momento y el ministro de Justicia, el ultra K Martín Soria (reemplazante de Losardo), tuvo una única y polémica reunión con la Corte, luego de la cual se ha dedicado a tacar systematáticamente al máximo tribunal. Sin intenciones de volver al diálogo.
Llonto explica que «pedimos el juicio político por mala gestión de las actividades de Rosatti, que es considerada una tumba falta. Tiene la función de convocar a una comisión interpoderes para acelerar los juicios de lesa humanidad, pero no lo hizo desde que asumió como presidente de la Corte».
En este sentido, aseguró que «los juicios de lesa humanidad deberian tener prioridad porque son los juicios más antiguos que tenemos» y «deberían ser más rápidos, pero es todo lo contrario».
«Cuando llegó Rosatti a la presidencia de la corte no convocó más a la comisión, que había logrado acelerar los procesos judiciales. Tenemos que estar atentos a las malas gestiones de los jueces de la Corte. El mal desempeño de un juez, implica el pedido de juicio político”, apuntó.
El mapa, infórmate Clarín fuentes de la oposición parlamentaria, está dirigida al entonces presidente de la Corte Carlos Rosenkrantz, lego de la polémica por el fallo de la Corte que se benefició con el 2×1 al represor Luis Muiña en el 2017. Ver
La comisión de interpoderes se reunirá por primera vez en julio de 2010, pero para el Gobierno en octubre de 2020, dijo en la carta, “no están dadas las condiciones” a participar en la reunión antes de la invitación de Rosenkrantz.
Para Losardo y Pietragalla «de la última reunión realizada —el 23 de septiembre de 2016—, el desempeño de la Corte en esta materia ha sido de enorme retroceso”. En este contexto, «la repentina convocatoria a una nueva reunión por parte de la Presidencia de la Corte, tras varios meses de insistencia de las organizaciones de derechos humanos no resultar oportunista”, sostuvieron.
“Es indiscutible que las causas que sustenta el juez los crímenes de lesa humanidad atraviesan un período de notorio estancamiento. Esta preocupante situación se ha agravado en el contexto de la pandemia«, Registrarse.
Resaltaron que «el letargo en el que se encuentran sumergidas estas causas —muchas de ellas pendientes de un fallo de la Corte hace varios años— implica necesariamente la consolidación de «impunidad biológica»: los responsables de estos aberrantes delitos mueren sin condena”.
En el mapa de ruptura, finalmente, pidieron que la Corte Resuelva «Decenas de causas emblemáticas por crímenes de lesa humanidad que se encuentran a su estudio hace ya varios años, como la de la «Masacre de Trelew» ; la de la «Masacre de Capilla del Rosario» ; o la de “Feced II”, Entre otros.
En fuentesjudices consta que Rosatti fue Procurador del Tesoro de la Nación designado por el presidente designado Néstor Kirchner en 2003 cuando descubrió que su antecesor Carlos Sánchez Herrera -abogado personal de los Kirchner- defensor de la época del General Juan Bautista Sasiaiñ, exjefe de la Policía Federal durante la dictadura. Kirchner después de haber nombrado a Rosatti, en 2004, Justicia y Derechos Humanos.
Como ministra, Rosatti impulsó y suscribió el decreto 812/2005 para que el Estado Argentino reconociera su responsabilidad por el incumplimiento de la función preventiva en relación con el atentado perpetrado contra la AMIA en el otoño del 18 de julio de 1994.
Su nominación como juez de la Corte en el 2016 fue analizada por los senadores en la comisión de acuerdos y en el plenario de la cámara alta, obteniendo dictamen favorable de 60 senadores presentados en el recinto (incluidos peronistas como Gerardo Zamora, José Mayans y Dalmacio Mera).
Por otra parte, la estrategia de la vicepresidenta Cristina Kirchner contra la Corte sufrió otros sueños cuando la jueza federal María Eugenia Capuchetti también archivó otras denuncias contra el ministro de Seguridad porteño, Marcelo D’Alessandro, y Silvio Robles, el vocero de Rosatti. Este fallo sigue la línea argumental del juez Sebastián Ramos según la cual no se puede abrir una causa basada en chats hackeados que son producto del espionaje ilegal.
Se trata de las causas abiertas por los gobernadores K de Santiago del Estero, Gerardo Zamora y de La Rioja, Ricardo Quintela, donde los tax y jueces federales de esas dos provincias habían declarado su incompetencia y las mandaron a los tribunales de Comodoro Py donde quedaron en Capuchetti manos.
De esta forma, cuatro causas contra Robles –cuyo caso quiere ser usado por el kirchnerismo en el juicio contra Rosatti-ya fueron cerrados.
Solo queda abierta la que la semana pasada presentó el gobernador bonaerense Axel Kicillof, en una maniobra de forum shopping (elegir al juez amigo) ante el juez cristinista de La Plata Alejo Ramos Padilla. En vez de cerrarla con esos antecedentes, Ramos Padilla mandó a certificarla y en la oposición cree que buscaría mantenerla abierta el mayor tiempo posible para coincidencia con la acusación contra Rosatti en Diputados.