El asesinato sangre fría de un cabo de carabineros de 33 años el miércoles, en el centro de Santiago de Chile, ya ha puesto en evidencia la profunda crisis de seguridad que enfrenta el país. El Gobierno de Gabriel Boric, que empezó a llevar un año y un lío sin tener entre sus prioridades el orden público, se vio presionado a atacar el control del crimen sobre la principal prioridad. Para una Administración liderada por una nueva generación de izquierda que ha tenido las libertades públicas entre sus banderas, constituye un gran giro. El cambio arrancó el pasado 4 de septiembre, cuando un 62% de los chilenos rechazó la propuesta de nueva Constitución apoyada por La Moneda, que tras el remezón electoral decidió hacerse cargo de la política que diariamente impacta en la vida de la gente, como el propio control de la morosidad. El homicidio del carabinero de esta semana, sin embargo, el tercero en el último mes, ha representado un punto de inflexión para la sociedad y la propia política. Es el contexto en que tanto el Gobierno como el Parlamento han acordado aprobar 10 proyectos de ley en materia de seguridad pública en los próximos 90 días.
Este sábado se han realizado los entierros del carabinero asesinado, Daniel Palma, en la ciudad de Rancagua, a menos de 100 kilómetros al sur de Santiago, de donde era originario el mártir 1233 de la institución. La ciudadanía desde el mismo jueves se ha manifestado masivamente en distintos puntos del país. Es tarde, centenarios de capitales se darán cita en lo que fue el epicentro de las protestas desde 2019, la Plaza Italia, pero en esta ocasión para respaldar a Carabineros, en un grito a las autoridades por mayores niveles de seguridad. La conmoción ha tocado a las principales autoridades políticas. En señal de unidad, el presidente Boric y los expresidentes Sebastián Piñera, Michelle Bachelet y Ricardo Lagos coincidirán en la respuesta que se produjo en el momento del asesinato en la iglesia de Carabineros, en el municipio de Providencia. Fue en ese lugar donde el actual mandatario se arrodilló en un abrazo ante la madre de Palma, en una de las imágenes de mayor significado de estas jornadas.
En Rancagua, el cuerpo de Palma ha sido trasladado este sábado a la catedral de la ciudad. La ciudadanía salió a las calles a manifestar su apoyo a la familia ya la institución, con pancartas, globos blancos y verdes –los colores de Carabineros–, y para hacer un llamamiento contra la delincuencia.
En el interior de la iglesia, en la plaza Los Héroes, el hombre de la víctima, Mauricio Palma, realizó una dura intervención contra las autoridades. “Ya basta de tax y jueces que no hacen su trabajo. No entiendo cuál es el fin de gastar recursos, previniendo el delito, arriesgando la vida de nuestros carabineros para atrapar delincuentes, si al día siguiente estos mismos delincuentes quedan en libertad”, dijo el familiar del policía muerto, entre los aplausos de la concurrencia y de los centenares de personas que lo escuchaban fuera de la iglesia. “Hago un llamado a los parlamentarios a que hagan su trabajo, porque en este momento, el poncho el gran quedo [el desafío se les fue de las manos]. Endurecan las penas, que la justicia no solo sea una palabra que se pasea de boca en boca. No puede ser que tenga más derecho un delincuente que un carabinero. Esto no puede seguir”, agregó Mauricio Palma, antes del funeral privado en el cementerio de la ciudad.
Tan pronto como esta semana fue asesinada una carabinera en Quilpué, en la Región de Valparaíso, la clase política ha despejado una agenda legislativa contra el crimen. El presidente Boric ha promulgado en los últimos días leyes que refuerzan las competencias de Gendarmería y crea el delito de extorsión, qu’aumenta las penas por el delito de porte de armas en lugares altamente concurridos, que que el Código Penal para agravar la pena delito de secuestro y la que fortalece y protege el ejercicio de la función de Carabineros, la Policía de Investigaciones (PDI) y Gendarmería. Bautizada como ley Naín-Retamal, en homenaje a dos carabineros asesinados, les entrega mayores poderes para enfrentarse a los delincuentes. La ley empujada por el Gobierno, sin embargo, no contó con el apoyo en el Parlamento de parte de su coalición, Apruebo Dignidad, formado por el Partido Comunista y el Frente Amplio.
La ministra del Interior, Carolina Tohá, quien ingresó al Gobierno tras el plebiscito de septiembre, ha tomado en sus manos el problema del control de la delincuencia. Tras el último asesinato del carabinero, anunció que se intervendrán 30 de los municipios de Chile donde concentran las mayores cifras de criminalidad. El viernes, en una reunión de Tohá con el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, de la oposición, y con el presidente de la Cámara de Diputados, Vlado Mirosevic, del oficialismo, acordaron aprobar 10 proyectos de ley en materia de seguridad en 90 días. Entre ellos, la búsqueda de crear un Ministerio de Seguridad, dar mayores facultades a los municipios en el control de la delincuencia, el cambio en las libertades condicionales de los reincidentes y en la notificación de la expulsión de los extranjeros indocumentados.
Los fiscales, mientras, también soportan el tono. El Ministerio Público chileno anunció que los impuestos de la Región Metropolitana, la de Santiago de Chile, pedirán a la justicia la prisión preventiva de todos los extranjeros imputados por algún delito que no cuentan con Documento Nacional de Identidad (DNI). Esto, porque dos de los sospechosos del crimen, que no han sido ubicados, son de nacionalidad venezolana.
El clima social y político presiona al Gobierno frente a decisiones clave. Diversas fuerzas políticas, no solo de oposición, empujarán a La Moneda para qu’estado de excepción constitucional en la Región Metropolitana de Santiago de Chile para combatir la delincuencia. Lo piden alcaldes y el gobernador capitalino, Claudio Orrego. El Ejecutivo, hasta ahora, no lo ha descartado.